Casi un centenar de las 249 familias que se han beneficiado de la reducción del alquiler de viviendas protegidas, propiedad de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), viven en la provincia de Alicante.
La Conselleria de Vivienda puso en marcha en abril del año pasado las ayudas para adaptar las rentas a la situación socioeconómica de los inquilinos. 119 corresponden a la provincia de Valencia, 98 a la de Alicante y 32 a la de Castellón.
El Plan de Alquiler Asequible es una de las diez medidas contempladas en el Plan de Dignificación de la Vivienda Social impulsado por la conselleria que dirige María José Salvador para mejorar la gestión del parque de viviendas de la Generalitat.
Se está aplicando desde abril de 2016 y la previsión es prolongarlo hasta el 31 de marzo de este nuevo año, 2017. Tras estudiar caso por caso la situación de los inquilinos de las viviendas protegidas, se ha determinado la reducción de las cuotas, teniendo en cuenta tres criterios: ingresos de la familia, número de miembros de la unidad familiar y municipio donde se ubica la residencia.
Para un IPREM menor o igual a 1,5 (familias con ingresos de hasta 11.182 euros anuales), el alquiler a pagar incluidos gastos de comunidad, no superará el 25% de los ingresos ponderados. Si el IPREM es mayor de 1,5 y menor o igual de 2,5 (rentas entre 11.182 y 18.637 euros anuales), se pagará un máximo del 30% de los ingresos. Y para un IPREM superior a 2,5 (familias con ingresos superiores a 18.637 euros al año), la renta del alquiler, sin incluir gastos de comunidad, será inferior al 30% de los ingresos.
Según la directora del EIGE, Helena Beunza, el Consell «pretende corregir la fórmula aplicada por el anterior gobierno autonómico, con un procedimiento más justo que tenga en cuenta la situación económica real de las familia ya que ha podido variar desde que arrendaron».
