Casi 33.000 hogares de la provincia no tienen acceso real a internet por falta de cobertura. Es decir, unos 82.500 alicantinos viven prácticamente desconectados desde un punto de vista tecnológico en pleno siglo XXI, según el último informe de Cobertura de Banda Ancha de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la sociedad de la información, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Los principales damnificados son los residentes en zonas rurales, según constata el estudio, donde la implantación de internet resulta más compleja por cuestiones técnicas y porque además es menos rentable para las grandes empresas de telecomunicaciones por la menor densidad de población. Ante esta brecha digital entre grandes ciudades y pequeños pueblos, la Comisión Europea tiene sobre la mesa un ambicioso proyecto con el objetivo fijado para 2020, dentro de apenas tres años. Para esa fecha, la institución comunitaria quiere que exista acceso a wifi gratuito en espacios públicos y que cualquier ciudadano de la Unión Europea pueda acceder a una oferta con un mínimo de 30 megas, o sea treinta veces más que lo que se ofrece actualmente en el servicio universal que presta el principal operador de telefonía del país. Además, Europa pretende que todos los hogares dispongan de banda ancha de al menos 100 megas para cinco años más tarde, en 2025.
La realidad a día de hoy está muy lejos de esas cifras: actualmente en la provincia de Alicante, la conexión superior a 100 megas sólo está disponible en el 60% de los hogares, según el citado último informe del órgano dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, un dato ligeramente inferior a la media nacional, que se sitúa en el 65% del total de hogares en el territorio nacional. Unas cifras que bajan exponencialmente según la gráfica se adentra en zonas rurales. De hecho, la conexión a 100 megas sólo está accesible para el 30% de las hogares en municipios españoles de entre 5.000 y 10.000 habitantes, según el estudio del ministerio, y resulta prácticamente residual en localidades con menos de 2.000 habitantes.
Esos números, y otros similares, demuestran el difícil o, incluso, imposible acceso a internet que sufren a día de hoy parte de los residentes en la provincia y que a su vez contrasta, sin embargo, con la dependencia tecnológica de la ciudadanía. La última Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, revela que ocho de cada diez personas (80%) de 16 a 74 años han usado internet en los últimos tres meses, mientras que dos de cada tres (66%) lo hacen a diario. Y no sólo eso, sino que la mitad de los ciudadanos que viven en la Comunidad utilizan la administración electrónica para realizar diferentes trámites, y un porcentaje similar admiten haber realizado compras por internet alguna vez en su vida, mientras que un tercio de los ciudadanos son habituales del comercio electrónico. Pero la dependencia de los ciudadanos sobre la tecnología no se queda ahí, a la hora de formalizar trámites con la administración o para adquirir productos, sino que el acceso de internet cada vez resulta más imprescindible para el simple hecho de las nuevas formas de sociabilizar. Según el INE, siete de cada diez usuarios de internet ha participado en los últimos tres meses en redes sociales de carácter general, como Facebook o Twitter, un porcentaje que se ha consolidado en estos últimos años. En el citado estudio se concreta que el 80,7% de las viviendas de la Comunidad tienen internet contratado, justo el doble de lo registrado hace una década. Y hay más, porque no sólo se ha disparado el número de viviendas conectadas a la red en estos primeros pasos de este recién «estrenado» siglo, sino también la velocidad de navegación en los citados hogares: si hace diez años, en torno a nueve de cada diez usuarios navegaba a menos de tres megas en España, ahora apenas dos de cada cien personas están abonados a esa conexión, mientras que cuatro de cada diez internautas ya navega a más de veinte megas, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Exigencia de la conexión
Estas cifras son algunas de las que evidencian la importancia de internet en la vida de los ciudadanos, y por consiguiente del nicho de mercado que ha supuesto para pequeñas empresas de la provincia el difícil acceso a internet existente en zonas rurales o, al menos, apartadas de los principales núcleos urbanos, pese a que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo Servicio Universal obliga a que todos los españoles tengan el derecho a navegar a 1 mega de velocidad, un ritmo de descarga insuficiente para muchos usuarios ante las exigencias de los productos más habituales en el consumo de internet. La mayoría de estas empresas especializadas en el entorno rural ofrece dos tipos principalmente de servicios para conectar a internet viviendas situadas en lugares de difícil acceso. El servicio básico es un sistema de recepción wifi desde una antena emisora, que se encuentra en torres de comunicación compartidas o propias repartidas por toda el territorio provincial, hacia una antena receptora -de un diámetro aproximado de cuarenta centímetros- que se instala en la vivienda del cliente. Para los ciudadanos más exigentes, es decir, que necesitan una mayor velocidad en la descarga de los datos por cuestiones laborales o personales existe un segundo sistema, que algunas empresas ya llevan tiempo ofreciendo, que supone un salto cualitativo en cuanto a la eficiencia del servicio, ya que es similar a la fibra óptica sólo que la conexión se realiza a través del aire, sin necesidad de llevar los cables hasta la puerta de la casa. Esta oferta, como la más básica, permite lograr la conexión a internet para viviendas que no disponen de la infraestructura para que llegue el cableado clásico.
Eso sí, las velocidades nada tienen que ver con las que se puede navegar con ADSL o con fibra, en lugares de la geografía de más fácil accesibilidad. Y los precios, tampoco. Este extremo preocupa en sindicatos como UGT, que realizó recientemente un estudio sobre la brecha digital en España en el que dedicó un apartado a los problemas existentes en las zonas rurales frente a las ventajas de vivir en grandes poblaciones desde un punto de vista de acceso a internet desde el domicilio particular. «Residir en una urbe o en una zona rural, independientemente de la orografía o la región, también impacta, de forma directa, en la disponibilidad de acceso a las nuevas tecnologías», denuncia el informe de la organización sindical, que subraya la «exclusión» que sufren las personas que viven en el campo, recordando que «el alto coste» de la prestación del servicio de internet en zonas rurales -tanto sea por la orografía del terreno como por la baja densidad de la población y la falta de competencia entre las empresas que ofrecen el servicio- puede fomentar la «exclusión» de los residentes en zonas rurales. Eso sí, el citado estudio añade que España, en su conjunto, «sale bien parada» en la comparativa internacional, al posicionarse por encima de la media europea en cobertura de banda ancha rural. «España se coloca 4,5 puntos por encima de la media, del 94,3% nacional frente al 89,8 europeo», destaca el informe, que sin embargo recalca que dentro del territorio español las diferencias son «sobresalientes», ya que el porcentaje de hogares que no disponen de cobertura de banda ancha es tres veces mayor en poblaciones de menos de 10.000 habitantes que en las capitales de provincia, entre ellas, Alicante.
Al «refugio» de esta situación de desigualdad han ido surgiendo empresas en los últimos años que ofrecen servicios para disponer de internet en casa, con independencia de la ubicación de esa residencia. A nivel nacional destacan empresas como Quantis, que también dan servicio en la provincia. ¿El único requisito? «Que el cliente, desde su casa, vez el cielo», subraya Montse Ramón, del departamento de Marketing de Quantis, una empresa con un variada agenda de clientes. «Van desde la persona que contrata internet en su segunda residencia de vacaciones hasta grandes empresas localizadas en zonas donde no existe cobertura de las grandes operadoras, pasando por casa rurales, estaciones de servicio, parques eólicos, campings o ayuntamientos», añade Ramón, que destaca la dependencia que tienen de estos servicios de internet las personas que viven en zonas donde no llega ninguna otra forma de conexión o la conexión que existe es muy lenta.
