El Consell y el Ministerio de Fomento negocian la incorporación en el plan vivienda 2017-2021 de un nuevo programa de ayudas para evitar que los dueños de una vivienda puedan ser desahuciados por no poder pagar la hipoteca. En el todavía vigente Plan de Vivienda 2013-2016 no se hace ninguna referencia a situaciones provocadas por desahucios cuando ha sido el periodo donde más casos se han producido.
Por ello, «dada la situación del parque de viviendas de las comunidades autónomas y la situación de vulnerabilidad que viven muchas familias, el próximo año se debería poner en marcha un plan que incluya unas líneas de ayudas para el pago de las cuotas hipotecarias frente al posible riesgo que tienen muchas familias por imposibilidad del pago de la hipoteca», subraya la consellera María José Salvador.
Por otra parte, durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Vivienda la semana pasada, Salvador subrayó la necesidad de recuperar en el nuevo plan el pago de las ayudas de subsidiación de préstamos que se concedieron hasta 2013. En España están sufriendo esta situación 300.000 familias.
El Gobierno dio en 2013, aprovechando la reforma de la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, el estoque definitivo al apoyo a la compra de VPO, al suprimir las ayudas que concedía a los propietarios para el pago de la cuota del préstamo hipotecario. Un recorte que atrapó a 20.234 familias en Alicante, un 11% del total de España, el más alto, ya que la provincia era, junto a Valencia, la que construía y vendía más pisos de protección oficial, poniendo a muchas familias al borde del desahucio, ya que esa ayuda era clave.
La eliminación de las subvenciones a la subsidiación del crédito hipotecario -entre 90 y 200 euros mensuales- era la única ayuda que se había salvado de los sucesivos tajos dados por el Ministerio de Fomento y el Consell a la adquisición de la VPO, un producto inmobiliario clave en tiempos de crisis y al que, no obstante, también se llevó por delante el tsunami posterior a la explosión de la burbuja inmobiliaria. La eliminación de las ayudas representó un sobrecoste de entre 90 y 200 euros a todos los propietarios afectados. Fomento concedía las ayudas por 15 años, revisables cada cinco. La ley de fomento del alquiler dejó sin efecto las prórrogas, que se concedían al 100% debido a las especiales circunstancias de los propietarios de VPO.
La provincia de Alicante cuenta con el 11,1% de los compradores afectados por la supresión de las ayudas al pago de la cuota mensual del crédito hipotecario con un total de 20.234 personas, cerca de la mitad del total de damnificados en la Comunidad Valenciana (43.466).
Recordar, por otro lado, que el Consell ha creado por primera vez una partida presupuestaria dotada con tres millones de euros para ayudar a la rehabilitación del interior de las viviendas (baños y cocinas) y, por otro lado, también negocia con el Gobierno que el nuevo plan (2017-2021) lo incluya a nivel estatal, incorporando también medidas para actuar en caso de los impagos del crédito hipotecario.
La partida incluida en los presupuestos que entrarán en vigor el próximo domingo, 1 de enero de 2017, contemplan ayudas de hasta tres mil euros para la reforma de cocinas y baños fundamentalmente, que se unirán a las que ya se conceden para la rehabilitación estructural de los edificios. Una novedad con la que la Generalitat pretende colaborar en la recuperación de muchos pisos que por falta de incentivos se pasan casi toda su vida útil como a la entrega de las llaves.
Para María José Salvador, sería «interesante» que el Ministerio «ampliara el Plan de Rehabilitación Edificatoria que tiene actualmente porque solo permite la rehabilitación de los elementos comunes de edificios de tipología residencial colectiva pero, en cambio, no permite en ningún caso la rehabilitación del interior de las viviendas. Salvador recuerda, en este sentido, que el Consell «sí que ha incorporado un plan autonómico para 2017 que prevé tres millones de euros para la reforma de baños y cocinas» y, reclama al Gobierno que «siga la línea marcada por el actual Consell y contemple también una línea de rehabilitación de espacios interiores de viviendas y de mejora de las condiciones constructivas y funcionales».
