Los incumplimientos del servicio de limpieza viaria que culminaron con la mala imagen que dio Alicante el pasado verano, las numerosas quejas por suciedad y una plaga de ratas en el Casco Antiguo y en algunos barrios que saltó a los portales turísticos internacionales, empiezan a pasar factura a la empresa responsable del servicio, UTE Alicante. El Ayuntamiento ha impuesto sanciones por 35.000 euros a la concesionaria, que por otra parte maneja la contrata más cara de la ciudad: el servicio cuesta a las arcas municipales 32 millones anuales incluyendo la recogida y el tratamiento de residuos.
El montante de estas multas fue desvelado por el concejal de Limpieza, Víctor Domínguez, durante el pleno municipal de ayer, el último del año, en respuesta a una consulta del grupo de Ciudadanos sobre la cantidad detraída del contrato de limpieza en concepto de sanciones durante 2016. El edil del tripartito, que pertenece a Guanyar, dijo que el Ayuntamiento se ha ahorrado 976.800 euros este año con la eliminación del cuarto turno (720.000 euros), con la decisión de no seguir con el tratamiento de combustibles derivados de residuos (otros 220.000 euros), y con las sanciones impuestas. De ellas, Domínguez destacó que 31.500 euros corresponden a multas impuestas por el tripartito desde junio de 2015, y que el resto, 3.500 euros, las heredaron del PP.
El tripartito anunció una auditoría del servicio de limpieza viaria en 2017, para lo que se empleará una partida de 55.000 euros que contempla el contrato. El concejal dijo que se encargará a una empresa externa a través de un concurso de ideas y que sus parámetros se decidirán en mesa ciudadana. Desde C's, el edil Antonio Manresa tildó de insuficiente la limpieza así como la labor de los inspectores pese a que el baldeo se haya intensificado, dado lo caro que es el contrato, y Domínguez le respondió que no queda otra que mantener el precio actual ya que hasta 2021 no se puede hacer un nuevo contrato sin que el Ayuntamiento tenga que indemnizar. Por ello buscarán redistribuir servicios.
Con una contrata tan cara y unos presupuestos en el aire, a muchos alicantinos les preocupaba tener que pagar más tributos. Pueden estar tranquilos: en 2017 se congela el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), según acordó ayer el pleno. La edil de Hacienda, la socialista Sofía Morales, defendió una modificación de la ordenanza reguladora del impuesto basada en una reducción del tipo impositivo para neutralizar la subida del valor catastral del suelo, por lo que no repercutirá en el recibo. Todos los grupos apoyaron la propuesta.
El equipo de gobierno, que busca apoyos para sacar adelante los presupuestos de 2017, se encontró ayer con una aliada inesperada, la edil tránsfuga Nerea Belmonte. La concejala no adscrita votó varias cuestiones con el tripartito, la más importante para impedir que el vicealcalde y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, tuviera que dar explicaciones en el pleno sobre la implantación de Ikea en Alicante, como reclamaban PP y Ciudadanos. Pavón había dejado la decisión en manos de la Corporación al considerar innecesario comparecer de «motu propio».
«Que den la cara»
Yaneth Giraldo, portavoz de Ciudadanos, quería conocer qué herramienta urbanística se empleará para que venga Ikea, qué terrenos se le ofrecerán y quién será el agente urbanizador. «Si se quiere que Ikea llegue antes de acabar la legislatura, estos trámites deberían estar ya en marcha». Pavón respondió que Ikea llegará a la ciudad sin macrocentro, y con una figura urbanística que encaje en el PGOU. El portavoz popular, Luis Barcala, pidió al tripartito que «dé la cara en el pleno» y «no nos remitan a las redes sociales ni a los medios». El edil consideró que debería haber comparecido el alcalde al llevar él las negociaciones con la multinacional. Barcala criticó que la comisión especial sobre Ikea sólo se haya reunido una vez. Pavón anunció que se convocará en enero.
En el pleno, el PP anunció la presentación de un requerimiento contra el tripartito, previo a un contencioso en el juzgado, para que en 20 días se les dé traslado de las peticiones de documentación que han presentado por el registro, una treintena, que incluyen el nuevo plan de seguridad de la Policía Local o la dotación de fondos para Protección Animal. El portavoz del tripartito, Natxo Bellido, dijo que el PP sólo quiere judicializar la vida política municipal. Ni el PSOE ni Belmonte presentaron preguntas frente a la beligerancia de C,s: el edil Buades mostró una loseta de posidonia de los bancos del paseo de Urbanova por su mal estado y censuró el deterioro de la carretera.
