Alicante es la provincia que más habitantes ha perdido en toda España en el último año. Ninguna otra demarcación alcanza la cifra negativa de 18.588 habitantes que arroja el saldo entre la población oficial a 1 de enero de 2016 y la que ofrecía el padrón un año antes. Si en vez de la cifra absoluta se aplica el criterio del porcentaje, Alicante ya no es la provincia con una mayor pérdida, pero sí se queda en cualquier caso entre las que acusan más la regresión demográfica y, además, el grupo de cabeza lo conforman por lo demás algunas de las provincias menos pobladas del país.
El 1% que ha menguado la población de la provincia de Alicante en la última revisión del padrón sólo ha sido superado en términos relativos por Soria (-1,06%), Ourense (-1,11%), León (-1,21%), Segovia (-1,22%), Ciudad Real (-1,33%), Cuenca (-1,36%), Teruel (-1,41%), Ávila (-1,46%) y Zamora (-1,65%). Todas esas demarcaciones, salvo la de Ciudad Real, no sólo están entre las que menos habitantes tienen, sino también entre las más envejecidas. El caso de Alicante, no obstante, es distinto al de todas las demás, más achacable al declive del medio rural, un envejecimiento más que notable y al regreso a sus países de origen de buena parte de la población inmigrante que la década pasada revitalizó algunas de estas zonas.
En la demarcación alicantina, el factor predominante es la pérdida del otro gran sector de población extranjera, la procedente de otros países europeos, asentada fundamentalmente en el litoral y prelitoral de la provincia. En los últimos tres años se ha registrado una fuerte bajada de los empadronados originarios del resto del continente. Por ejemplo, si en 2013 residían en la provincia 35.916 alemanes, tres años después la cifra provisional es de 16.567. En cuanto a los británicos, la cifra ha pasado en el mismo periodo de 130.541 a 72.935. Lo ocurrido con los colectivos de estas nacionalidades es muy ilustrativo de lo que ha sido la pérdida de habitantes de estos años, ya que concentran con diferencia la mayor parte del saldo negativo.
Esto se refleja también al observar dónde se ha concentrado la pérdida de habitantes en los últimos tres años. En total, la provincia tiene ahora mismo 109.183 empadronados que en 2013. Ahora bien, más de 90.000 de estos residentes desaparecidos estaban inscritos en municipios que contaban con una colonia europea enorme, y que ahora se ha visto muy menguada. Uno de los casos paradigmáticos es Calp, que ha pasado de 29.442 habitantes en 2013 a los actuales 19.591. En la misma comarca también lo es Xàbia, que ha bajado de 33.149 a 27.225. Y más al sur, lo son Torrevieja, Rojales y San Fulgencio, que en 2013 tenían, respectivamente, 105.205, 21.686 y 12.688 vecinos, y que ahora reflejan en sus respectivos padrones 84.213, 17.622 y 7.384.
Este drástico descenso de la población, y en particular de la originaria de otros países europeos, se ha producido después de años de crisis económica y de que los municipios tuvieran que afrontar grandes ajustes presupuestarios y de servicios, que puede haber animado a muchas personas a marcharse. Sin embargo, coincide también con un mayor control de los padrones municipales desde el INE. Por ello, gran parte de ese descenso demográfico puede deberse a bajas tramitadas de oficio desde este organismo, de personas que no verificaron de la manera requerida su empadronamiento.
Cifra oficial y real ajustadas
Casualmente o no, hasta 2013 existía un gran desfase, de casi 100.000 personas, entre la población empadronada en la provincia -cifra oficial- y lo que el INE denomina «población residente», cálculo estimativo de las personas que realmente viven en un territorio. Ahora, ambas cifras son parejas; el INE da 1.842.756 habitantes a 1 de enero de 2013 como población residente. Para José Vicente Sánchez, profesor de la Universidad de Valencia y expresidente del Colegio de Geógrafos autonómico, «parece que ahora hay más control» sobre los padrones» antes de su aprobación oficial.
Para el experto, «es presumible que años atrás se diera una suma de altas tramitadas y de bajas no dadas», que podría haber incrementado los padrones de varios municipios por encima de la realidad. Y a este ajuste que ahora se realiza «se unen las fugas que realmente ha habido», especialmente entre algunos colectivos.
