¿Quién no se contagió de la angustia de José Luis López Vázquez encerrado en una cabina telefónica o de la que sintió Tippi Hedren intentando protegerse del ataque de los pájaros en el film de Hitchcock? Lo cierto es que las cabinas telefónicas tienen sus días contados. Aunque el servicio acaba de prolongarse un año más por decisión del Gobierno, la medida viene a prolongar la agonía de las 839 cabinas que quedan en la provincia de Alicante, poco más de 18.000 en toda España. Aunque en realidad son postes telefónicos en la vía pública porque las románticas cabinas de cristal y aluminio desaparecieron en su totalidad de las calles cuando empezaron a ser objetos de actos vandálicos.
Sus escasos usuarios son sobre todo jóvenes, turistas e inmigrantes, como Akram, paquistaní que trabaja en una frutería y que llama a su país desde un teléfono público de la calle, en lugar de usando un móvil, «es más barato», afirma. El caso es que estos terminales que siguen funcionando con monedas y con tarjetas tienen sus días contados. De hecho iban a «morir» en la provincia con 2016, como en toda España, pero el Gobierno acaba de prolongar al menos por un año la obligatoriedad que tiene Telefónica de prestar este servicio, que no deja de caer. En los últimos siete años la utilización de las cabinas ha descendido un 89% «a causa del uso del móvil (hay 50 millones de líneas de celular en España) pero también por la aparición de locutorios». La caída media interanual en las llamadas efectuadas desde cabinas es de un 25% en la última década. Y lo mismo pasa en los países vecinos.
Aunque el 31 de diciembre finaliza el decreto de adjudicación de este servicio, considerado universal, como lo son las guías telefónicas, sigue vigente el real decreto que obliga al Estado a mantener las cabinas. «El Gobierno publicó un nuevo concurso para adjudicar el servicio universal de las cabinas. Esto quiere decir que van a continuar funcionando en 2017. Para que el servicio no fuera considerado universal es necesario que el Gobierno, dentro de su agenda digital, modifique el real decreto para excluir las cabinas del suelo urbano», explican desde Telefónica.
Mientras no lo haga, las aproximadamente 18.300 cabinas que quedan en España deberán seguir dando servicio «aunque no sea rentable para el concesionario», Telefónica Telecomunicaciones Públicas, que tiene que asumir las reparaciones por vandalismo. Y es que la legislación actual dicta que tiene que haber una cabina por cada 3.000 habitantes en poblaciones con más de mil, y una en las que tengan menos de un millar.
Las ciudades en las que más cabinas quedan son Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Las Palmas y Tenerife, todas ellas con más de mil unidades, y de cerca les siguen Palma de Mallorca y Alicante, que se acercan a ese millar.
Según datos de Telefónica, en el año 2000 había 65.364 cabinas, el triple que en la actualidad, y han ido desapareciendo a un ritmo de 5.000 por año. Sin embargo, recuerdan que «los teléfonos de la vía pública no necesitan batería y siempre tienen cobertura. Si una persona no dispone de saldo suficiente y tiene una urgencia, permiten de forma gratuita contactar con los servicios de emergencia del 112».
La empresa recuerda que las cabinas facilitan el cobro al usuario admitiendo varios medios de pago como moneda o tarjeta chip de cabinas, con monedas de 5 céntimos a 2 euros, en comparación con Francia, que ya sólo admite tarjeta. «Se han tratado de suprimir las barreras que los discapacitados puedan encontrar a la hora de comunicarse», adaptando los teléfonos con teclados utilizables por personas ciegas, cabinas en lugares libres de obstáculos para sillas de ruedas, teléfonos conectables a audífonos para discapacitados auditivos y hay más de 2.000 cabinas de menos de un metro de altura para personas con discapacidad motriz. De momento siguen un año más y eso que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia aconsejó su retirada.
