Más de 300.000 personas en la provincia de Alicante no pueden permitirse mantener su casa a una temperatura adecuada, según la última oleada de la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el INE. Es la denominada pobreza energética y se deja sentir con especial intensidad en la Comunidad Valenciana, la tercera -sólo superada por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- con mayor número de personas afectadas por esta situación (16,3% de la población).
El Gobierno y el PSOE firmaron ayer un acuerdo para reformar de forma urgente la ley del sector y prohibir que se pueda cortar la luz a los hogares «extremadamente vulnerables», a la vez que han cerrado un nuevo modelo de financiación para el bono social. Tras semanas de negociaciones con los distintos grupos parlamentarios, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, presentó ayer junto al portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, un acuerdo para cerrar la financiación del bono social, así como medidas para avanzar en la protección de hogares «extremadamente vulnerables». Todo un desarrollo normativo que se prolongará durante unos tres meses.
Un acuerdo que Podemos no ve con buenos ojos. El responsable de Relaciones con la Sociedad Civil de esta agrupación, Rafael Mayoral, llamó a los ciudadanos a participar en las movilizaciones convocadas ayer en todo el país para pedir medidas contra la pobreza energética, que cree que deben ser la respuesta al pacto «chanchullo» alcanzado entre PP y PSOE».
En Alicante, la Plataforma contra la Pobreza Energética organizó una protesta en la calle Calderón, frente a la sede de Iberdrola y a la que asistieron unas 400 personas, para denunciar la situación en la que viven decenas de miles de familias. A la misma habían confirmado su asistencia el vicealcalde Miguel Ángel Pavón, el concejal de Medio Ambiente, Víctor Domínguez, la concejala de Acción Social, Julia Angulo y el concejal de Cultura, Daniel Simón.
En señal de protesta el gobierno municipal apagó de 19 a 20 horas, la iluminación ornamental navideña y de edificios municipales como el Ayuntamiento o el Castillo de Santa Bárbara. La asociación de comerciantes Corazón de Alicante también se sumó a las reivindicaciones y pidió a sus asociados que apagasen a esa hora la iluminación de las fachadas. La Plataforma contra la Pobreza Energética exige la bajada del IVA de un 21% a un 4%; poner fin a los abusos de las tarifas; que se prohíba legalmente los cortes de luz a las familias sin recursos económicos y la creación de una autentica tarifa social, reducida, que sustituya al actual bono social, y que sea sufragada por las eléctricas.
