Una semana después de que la Audiencia diera carpetazo a la investigación del Plan del Rabasa, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de súplica ante la sala pidiendo la reapertura del caso, según confirmaron ayer a este diario fuentes del Ministerio Público. La Sección Tercera de la Audiencia archivó el caso la semana, respaldando el criterio del juez de Instrucción, al no ver indicios de delito en las actuaciones. La decisión era firme y contra ella no cabía recurso.

Sin embargo, una semana después del cierre del caso la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de súplica cuestionando el criterio de la sala a la hora de cerrar la investigación y para pedir que se replanteen esta postura. En Derecho, el recurso de súplica se presenta ante el mismo órgano que dictó la resolución judicial contra decisiones que no son susceptibles de apelación.

La investigación del Plan Rabasa era una pieza separada del llamado caso Brugal. En ella se investigaba un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz por en la tramitación del macroplan urbanístico. Además de Ortiz, en la causa estaban imputados la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y los técnicos municipales Enrique Sanus, Isabel Campos y José Luis Ortuño. Se les investigaba por presuntos delitos prevaricación, tráfico de influencia y cohecho.

La Audiencia descartó la existencia de presiones a los técnicos para favorecer al empresario,«tan sólo un interés en acelerar unos trámites urbanísticos que, a la vista está, no se tramitaron con la inmediatez que deseaba». La sala descartó la existencia de resoluciones arbitrarias por parte del Ayuntamiento en el Plan Rabasa; y consideró que los presuntos regalos recibidos por algunos de los investigados, estarían ya prescritos.

La Audiencia tiene que decidir ahora si admite o no el recurso con los nuevos argumentos del fiscal, o mantiene el cierre del caso.

Paralelamente, existe otra investigación derivada del caso Brugal y que está a punto de cerrarse. El magistrado Manrique Tejada investiga presuntas filtraciones del futuro Plan General de Alicante al empresario Enrique Ortiz, cuando el planeamiento aún no era público. En estos momentos, el juez está ultimando el auto por el que llevará al banquillo a los investigados, entre los que se encuentran tanto Ortiz como Castedo, así como su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi.