La creación de una gran Zona Franca y Logística, ligada al Puerto de Alicante, se ha convertido en uno de los retos de la provincia, impulsado por la Diputación, para tratar de devolver esplendor a la economía alicantina más allá de la construcción, el turismo o las manufacturas. La intención es crear una macroárea logística de cerca de 200.000 metros cuadrados entre el parque industrial de Elche en Torrellano y los muelles, que goce de un régimen aduanero especial y que tenga el suficiente tirón para atraer empresas y generar, a los diez años de funcionamiento, 80.000 puestos de trabajo.
La idea es atractiva pero nada nueva. Las zonas francas en España se inventaron hace casi cien años (1929) y desde entonces funcionan con mejor o peor suerte las de Barcelona (1929) y Vigo (1947), que cuentan con la potencia de acoger dos fábricas de coches (Seat y Citröen), Cádiz y Gran Canaria (1958), ésta última justificada por su insularidad. Sevilla se ha sumado este año al club pero todavía es una incógnita, Santander también y, la gran amenaza ahora para el eje Alicante/Elche ese la competencia de Valencia y, sobre todo, de la unión Murcia/Caragena, que tienen incluso el proyecto muy avanzado, según advierte el vicepresidente de la Diputación, Carlos Castillo.
¿Negocio? ¿Quimera? De momento no ha hay mucha información, pero resulta paradójico que Valencia nunca la haya tenido, y eso que cuenta con un puerto potente (Alicante pese a sus mejoras sigue a la cola de España) y la factoría automovilista Ford.
El proceso va a ser muy largo y dependerá, fundamentalmente, de que el proyecto convenza al Ministerio de Economía, clave para que el tema salga adelante debido al especial régimen económico y fiscal de estos territorios. Y al de Fomento, ya que un área de este tipo, al margen de su régimen fiscal especial no puede salir adelante sin unas buenas infraestructuras de comunicación. Siguen pendientes, por ejemplo, la conexión ferroviaria del Puerto con el Corredor Mediterráneo, la remodelación de los accesos viarios al aeropuerto y, por ejemplo, la transformación en una buena autovía la A-31 que enlaza Alicante con Madrid, sobre todo en su tramo alicantino, como esta misma semana se encargada de recordar el presidente de la Generalitat. Ximo Puig, al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
Las zonas francas son, según definición de la asociación nacional, partes o locales del territorio aduanero comunitario, separados del resto del mismo, en el que se puede introducir toda clase de mercancías, cualquiera que sea la cantidad, naturaleza, origen, procedencia o destino, sin perjuicio de las prohibiciones o restricciones que pueden establecerse por razones de orden público, moralidad, seguridad pública, protección de la salud.
Dichas mercancías podrán permanecer por tiempo ilimitado hasta que el operador económico quiera darles otro destino definitivo (régimen aduanero, reexportación, abandono), no estando sometidas durante su estancia a derechos de importación, gravámenes interiores ni a medidas de política comercial. En definitiva, se trata de un terreno acotado, con un régimen aduanero especial en el que las empresas pueden almacenar mercancía importada y reexportarla sin pagar el IVA o los aranceles de entrada a la UE. O, en el caso de que los productos tengan como destino el mercado español o europeo, sólo abonan impuestos cuando los contenedores abandonan el recinto, lo que permite a las compañías demorar su pago -y, por tanto, contar con más liquidez- durante el periodo que los tienen almacenados en la zona franca. También pueden instalar en ella factorías para envasar o ensamblar el producto.
El presidente de la Diputación, César Sánchez, presidió en la primera semana de noviembre la constitución del consorcio público/privado que trabaja para que el eje Alicante/Elche y en concreto el área comprendida entre el Parque Industrial de Torrellano y el Puerto de Alicante se convierta en una zona franca que atraiga a empresas y pueda generar, según los datos que maneja la Diputación, un área que en una vez en marcha impulso la creación de 80.000 puestos de trabajo en diez años. Sánchez ha logrado que en la mesa técnica que elaborará el documento de solicitud, que se remitirá a los Ministerios de Hacienda y de Fomento, se sienten todos los actores empresariales de la provincia, y a la constitución del consorcio acudieron los presidentes de Coepa, Cámara de Comercio, Ineca y empresarios portuarios, a los que se sumaron los ayuntamientos de Alicante y Elche y el propio puerto.
El presidente de la Diputación reconoce que lo trabajos para lograr una zona franca serán largos -Sevilla ha tardado cuatro años- pero se muestra convencido de que «lo lograremos porque la provincia está unida».
Un experto en logística portuaria como Mario Flores, expresidente a la vez del Puerto de Alicante, tiene claro que la Zona Franca aparece como una gran oportunidad, «siempre que seamos capaces de encontrar los inversores adecuados. Alicante ofrece todo tipo de atractivos gracias a su posición geográfica. Al margen del área cerrada y con un régimen aduanero especial para mover mercancías, yo creo que no se debe dejar de lado algo íntimamente ligado como es el poder contar con una gran zona logística que atraiga a empresas de todo tipo. Tempe, Pikolinos, la misma Mercadona, que acaba de anunciar su inversión en Sagunto, tienen potencia para desembarcar allí pero, insisto, hay que encontrar inversores, en definitiva empresas, que se instalen en Alicante».
Flores admite que el asunto es complejo pero echando un vistazo a predecesores como Vigo o Barcelona «se debe intentar porque hablamos de riqueza y puestos de empleo. Hay grandes distribuidoras como Amazon, grupos chinos que mueven miles y miles de toneladas de mercancías que bien podrían trabajar en Alicante».
Sevilla, última en llegar
Sevilla ha sido la última ciudad en incorporarse, este mismo año, a un selecto club al que, durante décadas, tan sólo han pertenecido Barcelona, Vigo, Cádiz y Las Palmas de Gran Canaria. Es también, por tanto, el espejo en el que se mira la Diputación a la hora de poner en marcha un proceso que en la capital andaluza llevó alrededor de cuatro años. La primera decisión fue encargar al Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) un informe sobre el impacto que tendría la creación de esta zona franca, una tarea nada sencilla sin tener claro, por ejemplo, las dimensiones del recinto o el interés de las empresas por instalarse en él.
En el caso de Sevilla se han acotado más de 700.000 metros cuadrados y sus promotores aseguran que se moverán 1,7 millones de toneladas -el año pasado por Alicante pasaron 2,4 millones-, lo que supondrá un volumen de negocio para las empresas de 1.000 millones de euros. Sin embargo, desde la autoridad portuaria de Sevilla apuntaron hace unos meses que, quizá, había que rebajar esas expectativas. En Vigo, por ejemplo, la facturación de las compañías instaladas en su zona franca y en los parques empresariales dependientes de su consorcio ronda los 740 millones -la mayoría gracias a la Citroën- y, por ejemplo, en Cádiz suma unos 300 millones.
Las cifras parecen a primera vista abultadas pero, sin embargo, ninguno de estos dos puertos destacan realmente por su volumen de tráfico en el panorama nacional. Así, Cádiz suma 3,5 millones de toneladas frente a los 95 millones de la vecina Algeciras, el primer puerto de España, y Vigo contabiliza 4 millones frente a los 12 de A Coruña. Sí tienen más volumen Las Palmas (22,1 millones) y Barcelona (46,3 millones), aunque seguramente en esta cifras pesan factores como la insularidad o el potente tejido industrial catalán.
En cualquier caso, la propuesta ha sido muy bien recibida por las organizaciones empresariales, que consideran que esta zona tributaria especial podría convertirse en un importante foco de atracción de inversiones. Así, desde la Cámara de Comercio señalaron su apoyo «a cualquier iniciativa que potencie el Puerto» y señalaron que creación de una zona franca podría resultar «muy interesante». Para Coepa sería «un nuevo polo de actividad muy importante para relanzar la economía provincial». No en vano en 2010 un estudio del profesor de la Universidad de Alicante Miguel Ángel Vega ya destacaba que la provincia «reúne las condiciones ideales para la instalación de una zona franca ya que existen infraestructuras suficientes» para distribuir las mercancías que atraería un complejo así, entre las que citaba la cercanía del aeropuerto , la importante red de carreteras y la conexión ferroviaria hasta el Puerto, de momento en ancho ibérico.. Por su parte, el estudio Puerto de Alicante: Una apuesta de futuro, también de la UA, señalaba la posición estratégica de Alicante para convertirse en el gran puerto de entrada de productos de todo el Norte de África. Ahora falta que se materialice porque el Puerto no se ha posicionado oficialmente.
La Diputación ha liderado la iniciativa pero desde la Corporación Provincial insisten en que el proyecto debe ser algo conjunto que tenga el respaldo del Consell, de los ayuntamiento de Alicante y Elche, de las empresas y, sobre todo, del Puerto de Alicante «porque sin su colaboración y su convencimiento el tema no tendría sentido. El Puerto es clave», subraya Carlos Castillo, que el viernes se reunió con los consultores de PriceWaterhouse, empresa a la que se ha encargado que pulse el sentir de la provincia y marque la hoja de ruta que se quiere poner en marcha a mediados del próximo enero. «Lo que me han trasladado es que la idea ha sido muy bien acogida por todos, pero también nos han comentado que el asunto no se puede congelar mucho. Vamos que hay prisa, ya que Valencia apuesta por ello y también el eje Murcia/Cartagena donde el proyecto está muy avanzado», alerta el vicepresidente de la Diputación.
En cuanto a los terrenos, a falta de concretar espacios, el Puerto cuenta con unos 130.000 m2 útiles entre suelo terciario e industrial, al que habrá que sumar el que aporte Elche, bien en el Parque Tecnológico de Torrellano, o en unas parcelas en el Camino de Castilla.
