La Audiencia considera innecesarias la práctica de diligencias pendientes en el caso Rabasa, entre ellas la declaración de uno de los investigados, la del entonces jefe de la Unidad de Carreteras, Emilio Peiró, que no ha llegado a ser citado para declarar por estos hechos. La imputación pedida por las acusaciones se basaba en que el técnico informó en enero de 2009 en el sentido que interesaba a Ortiz, para que un estudio de impacto acústico que era necesario para la aprobación del plan pudiera realizarse más adelante, para que la tramitación pudiera continuar ante la Generalitat sin necesidad de volver al pleno del Ayuntamiento. Los jueces señalan que no ven contradicciones en los informes realizados por este funcionario. Tampoco creen que se le pueda imputar tráfico de influencias, dado que el señor Peiró «no aparece en ninguna de las conversaciones grabadas, sino que son terceras personas las que se refieren a él». La sala dice que los asesores de Ortiz estudian la manera de introducir este requisito para no retrasar el proyecto y que la actuación de Peiró entra en sus atribuciones. También se denunció a otro alto cargo de Fomento, Francisco Javier Criado, pero éste tampoco llegó a estar imputado.