El abogado Francisco Ruiz Marco, quien se está encargando de la defensa del empresario Enrique Ortiz en todos los procesos penales en los que está inv0lucrado, considera que el aut0 de la sala Tercera de la Audiencia provincial que exonera a su cliente de toda responsabilidad en la tramitación del macroplan urbanístico Rabasa «cumple escrupulosamente todos los requisitos constitucionales. Es una resolución jurídicamente sólida, bien motivada y bien escrita; un buen modelo para cualquier escuela de práctica jurídica».

A preguntas este diario, el letrado quiso precisar, que «al margen» de la consideración general, «hay dos aspectos de gran relevancia y que son muy de agradecer: el primero, es el de haber sido dictada en un periodo breve, poniendo fin a muchos años de acusaciones infundadas. Y el segundo, el explicar con palabras sencillas que en la tramitación del plan Rabasa no existen indicios de ningún delito de corrupción. Esto es muy importante en un asunto judicial de indudable interés público y económico para la ciudad, especialmente es estos tiempos en los que la transparencia constituye una demanda social».

En esta línea, Ruiz Marco agregó que, no obstante y pese a esta reflexión, «ninguna resolución judicial podrá reparar jamás el daño causado a muchas personas inocentes. Y en este caso particular tampoco se podrá remediar el grave daño ocasionado a la ciudad de Alicante», señaló para agregrar que «quienes basaron su discurso político en la obsesiva denuncia de corrupción en el plan Rabasa, acaso podrían, ahora, pedir perdón a todos, especialmente a los 4.500 alicantinos que hubieran podido obtener un puesto de trabajo en actividades, directa o indirectamente, relacionadas con la ejecución de las obras y con la implantación del proyecto Ikea en la ciudad, como se encarga de recordar implícitamente el propio auto, cuando alude al texto del convenio municipal firmado con esta empresa». La sala señala que el convenio tenía una indudable incidencia en el aspecto económico para la ciudad, pero no les corresponde a ellos pronunciarse sobre la legalidad de éste.