El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dado por hecho que las autopistas de peaje en situación de quiebra "revertirán al Estado", que tendrá que decidir "qué tipo de gestión les da". No obstante, en la actualidad, los jueces han abierto una moratoria de seis meses, antes de abordar nuevos procesos de liquidación en otras vías, con el fin de dar margen a la negociación. También pretende dar tiempo a que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre los recursos que Fomento elevó contra los primeros autos de liquidación. El resto de autopistas que están quebradas o en liquidación son las otras dos radiales, la R-2 y la R-4, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera, la M-12 Eje Aeropuerto, que une la capital con el aeropuerto de Barajas y la segunda circunvalación de Alicante

Los sobrecostes que registraron en la expropiación de los terrenos sobre los que construyeron la pasada década y el desplome de sus tráficos durante la crisis constituyen las principales causas de su quiebra. En una entrevista con RTVE, De la Serna ha reiterado que el objetivo primordial de su departamento es garantizar que los usuarios puedan utilizar estas vías "permanentemente", "que no haya un vacío que impida su gestión". En segundo lugar, ha añadido, Fomento intentará llegar a un acuerdo con las entidades financieras "que facilite las cosas", una opción que De la Serna considera "muy difícil", entre otros motivos porque algunas de ellas "ya han soltado sus participaciones".

El titular de Fomento ha recordado que estas autopistas están "en un proceso enormemente comprometido", algunas de ellas en concurso de acreedores e incluso "en fase de liquidación". Por ello, ha dicho, "el escenario que se nos plantea es llegar a una reversión de estas autopistas al Estado".Según De la Serna, esta situación de quiebra se ha debido al "incremento enorme del valor de las expropiaciones" y "por un tráfico que se aleja mucho de lo esperado".

La situación concursal que atraviesan estas autopistas está pendiente de la decisión de los jueces, que deberán determinar la liquidación de estas concesiones y el plazo para ello. Fomento ya había solicitado a los administradores concursales y a los jueces una prórroga de 9 meses, hasta julio de 2017, para asumir la gestión de las autopistas de peaje en concurso de acreedores a fin de llevar a cabo el proceso de una forma ordenada.