La portavoz de Educación del PP en Las Cortes, Beatriz Gascó, asegura que van a llevar a los tribunales el nuevo decreto de plurilingüismo -hoy acaba el plazo para las alegaciones-, "si no se retira o no se tienen en cuenta las alegaciones presentadas" por su propio partido.
Considera que el texto es inconstitucional "al no garantizar el uso de las dos lenguas oficiales. No puede ser que para defender el valenciano se discrimine a las personas. El valenciano no puede ser la única lengua de la comunidad educativa". Gascó subraya que el decreto "se salta la Constitución y el Estatuto de Autonomía".
La diputada añade que "estamos ante un decreto que afecta a las familias y a la comunidad educativa, y solo se da un plazo de siete días para presentar alegaciones, por lo que entendemos que Marzà tiene pocas ganas de consenso, además de querer convertir la lengua en un instrumento donde se afiance una determinada forma de pensamiento".
Encuentra en el decreto "restricciones y lagunas", y afirma que "cae en ilegalidades y genera indefensión en las familias. No estamos de acuerdo en copiar un modelo lingüístico que genera enfrentamientos", añade en referencia al de Cataluña.
También lo considera una "clara injerencia en el libre ejercicio del derecho de las familias a elegir la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos, y discrimina gravemente a las zonas castellano-parlantes y a los valencianos que escojan el castellano como lengua vehicular". Incluye incluso que "significa un verdadero chantaje a las familias a las que se sólo se ofrece inglés a cambio de estudiar el máximo valenciano posible".
Gascó concluye que el decreto "no deja libertad a los centros, sino que establece un sistema de elección condicionado y chantajista", además de ver necesario "incluir el área de inglés en Infantil tres años".
