¿Qué balance hace de estos diez años de Ley de Dependencia?
Desde que se aprobó la ley, en la Comunidad ha sido la defenestración o la no aplicación de la misma. Hemos tenido que pleitear caso por caso para ganar el reconocimiento de los derechos. Con el cambio de gobierno se apuesta por los profesionales que venimos del sector para retomar el rumbo y darle un giro a esas políticas de demolición.
¿Qué medidas concretas han tomado en este año y medio?
Se ha derogado el copago y en este tiempo hemos pasado del año del hambre, en el que no se resolvía ni un solo expediente, a resolver 1.300 al mes. Estamos agilizando la gestión a pesar de todos los problemas que hay. Porque somos la administración autonómica que menos funcionarios tiene debido a la demolición de los servicios públicos. Hay además ya ultimado un borrador de normativa de dependencia que deroga toda la normativa dispersa del anterior gobierno y que generaba desinformación para las familias y los propios profesionales. Hemos hecho un decreto con el que tendremos el sistema más pionero de España. Seremos los más pobres, porque somos la autonomía que menos dinero recibe, pero será un decreto que recoja derechos. Porque hasta ahora, la dinámica era que con la excusa de que no hay dinero se recortaban derechos o no se reconocían los derechos de la ley. Este decreto introduce los derechos que nunca se tenían que haber recortado. Se recogen las reivindicaciones de quienes hemos estado luchando desde hace 10 años.
Sigue habiendo un enorme tapón de miles de personas esperando a ser valoradas o recibir algún recurso de la ley. ¿Por qué no se han reducido estas cifras?
Cuando entramos había 46.000 solicitudes, de las que 14.000 no estaban afloradas. El problema ya no son las personas en lista de espera, sino las condiciones en las que está la administración pública para trabajar. Somos la autonomía que menos funcionarios tiene. No tenemos un sistema informático potente. Hay veces que te encuentras punteando con lápiz y papel a los funcionarios porque no tienen medios. Por mucha voluntad que tengas necesitas personas para resolver los expedientes. Desde conselleria hemos pedido mil funcionarios que deberán ir incrementándose para gestionar expedientes y atención en centros. Si la conselleria tuviera los funcionarios del País Vasco podríamos resolver 2.600 expedientes al mes. Pero las limitaciones del gobierno central impone que conforme estéis así os quedáis. Y eso es injusto, porque hay otras comunidades que no han sufrido lo que nosotros con el antiguo gobierno en cuanto a recortes. Con las limitaciones que tenemos estamos haciendo todo lo que podemos y a título profesional y personal a la gente esto nos está pasando factura.
¿Cuándo prevén acabar con este tapón?
A un ritmo de resolución que llevamos de 22.500 expedientes al año, dos años. Me encantaría haber llegado y haber dado un botón para resolver de golpe todos estos expedientes. El cambio es importante y si lo hablas con plataformas te dicen que así es. Pero es que si alguien pensaba que en un año, entrara el gobierno que entrara, se podía arreglar lo destruido en 20 años o lo que no se ha hecho en 10 con la aprobación de la ley, no era realista. A veces las expectativas no son acordes con la realidad porque la necesidad de las personas no entiende de expectativas ni realidades.
Una de las primeras medidas que tomaron fue la de poner a valorar a los trabajadores sociales de los ayuntamientos, sin los resultados esperados, según se desprende de un reciente informe del Síndic de Greuges.
El Síndic no es objetivo y el punto uno del Pacto del Botánico hace referencia a la revisión de la ley del Síndic. No entiendo que el Síndic de Greuges esté formado por ex diputados de partidos políticos, esto pone en entredicho su objetividad. No puede ser que diputados del PP y del PSOE sean los que enjuician la acción de gobierno. Hay una extralimitación, ya que el Síndic tiene que centrarse en las quejas de los ciudadanos y no cuestionar modelos políticos, porque ahí hay una injerencia que no le corresponde
¿Pero está de acuerdo con lo que dice este informe?
No es cierto, como señala, que no se haya hecho ninguna valoración en la provincia. Podemos aportar las valoraciones a quien lo solicite. Quizá se debería hacer la pregunta de por qué en la provincia hay ayuntamientos que valoran y otros no. No puede ser que unos puedan y otros no. Hay que ver qué hay detrás, si es un motivo técnico o político. Si es que ha habido algún tipo de intención de insumisión. Los profesionales del sector, las plataformas de afectados, los sindicatos... todos reivindicábamos que las valoraciones no podían hacerse desde una empresa ni por 18 profesionales para toda la Comunidad habiendo 46.000 personas en lista de espera. El cambio de modelo es acertado, el Síndic se equivoca.
Los trabajadores sociales se quejan de sobrecarga de trabajo y de que no hay personal suficiente.
A nadie le pedimos que trabaje 10 horas, pero si todos pedimos servicios de proximidad hay que ser congruente. Las cosas se pueden hacer mejor, no lo discutimos. Nos hemos reunido con el Colegio de Interventores para que nos de unas pautas de cara a los ayuntamientos. Una de las directrices es declarar en el Pleno del ayuntamiento que los servicios sociales son derechos esenciales. Eso permite saltarse el límite de contratación de intervención, cosa que ha hecho Alicante. Además, este año se incrementaron 6 millones y el próximo serán 20 millones para que los ayuntamientos contraten personal.
¿Eliminarán el copago en residencias?
No, es imposible. Implica un cambio más sustancial y de fondo que no afecta sólo a Igualdad sino que afecta a todo el Consell y concretamente a Hacienda, también al ministerio, a toda la sociedad. No se pueden tener servicios públicos gratuitos sin pagar impuestos. Los panes y los vinos no se reproducen. En la Biblia sí, pero en la realidad no. Si no se pagan impuestos no se pueden tener todos los servicios públicos gratuitos. Los servicios esenciales para la vida deben ser gratuitos, pero siempre que haya un sistema tributario impositivo acorde que permita esto. Hoy por hoy esto no es así. La administración general del Estado incumple la Ley de Dependencia. La memoria económica de la ley dice que el 50% lo aporta el Estado, el 50% las comunidades y las corporaciones locales y ayuntamientos la infraestructura y establece que todas las actividades que generen un detrimento en la salud pública, como alcohol y tabaco debe ir a financiar la Ley de Dependencia o el sistema sanitario y eso no pasa. Este incumplimiento nos está frenando para desplegar un modelo de servicios públicos gratuitos cuando sean esenciales para las personas.
¿Qué porcentaje está financiando actualmente el Estado?
El 12%. Es decir, de 540 millones que invertimos, 60 los pone el Estado y nosotros el resto. Y eso para la Comunidad supone lo que no está escrito. Porque no es que no te aporten sólo lo de la ley, es que no te aportan más de 1.000 millones al año que deberían dar por población. Con este dinero podríamos duplicar o triplicar el presupuesto, aunque es la primera vez que esta conselleria supera los 1.000 millones. Pero al final impera que depende de dónde vivas tendrás mejor o peor atención. Si la Ley de Dependencia se basa en el principio de igualdad de la Constitución para garantizar la igualdad de todos los españoles y el gobierno asume que bajo esa competencia puede dictar la ley de servicios sociales, entonces nos tiene que pagar a todos lo mismo y si no la Ley de Dependencia es inconstitucional. Porque los servicios sociales son competencia exclusiva de las comunidades y no se pueden quitar competencias a las autonomías para obligarnos a garantizar derechos cuando el Estado incumple la financiación.
