Al magistrado que instruye el proceso abierto por supuestas irregularidades en la contrata del Ayuntamiento de Alicante de las instalaciones para fiestas, el conocido como «caso Isjoma», no le cuadra el patrimonio de quien durante años fue el técnico con mayor capacidad de decisión de la concejalía de Atención Urbana, Víctor López, investigado en este procedimiento.
Después de un primer informe patrimonial elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Alicante sobre los bienes del citado técnico y del empresario al que se adjudicó el contrata, Isidro García, el magistrado ha acordado una ampliación de las pesquisas en lo relativo a López.
Los investigadores concluían tras estas primeras indagaciones que, teniendo en cuenta los ingresos declarados por el técnico y su entorno familiar, «se hace imprescindible, para la realización de un informe patrimonial adecuado y bien fundamentado, indagar un poco más en posibles fuentes de financiación distintas a las percepciones en concepto de rendimientos del trabajo que pudieran justificar la obtención de dicho patrimonio, para lo que se considera del todo necesario y ajustado a derecho obtener información detallada de las cuentas y productos bancarios de los que puedan ser titulares y/o autorizados desde un año antes del periodo interesado, es decir, desde 2002».
Además del patrimonio del técnico también se indagó el de su mujer y el de sus dos hijos. En total, en la unidad familiar aparecían varios inmuebles, tanto en Alicante como en otras localidades de la provincia, plazas de garajes, tierras rústicas y acciones en dos mercantiles: Soluciones Hídricas Subterráneas S. L. y Altea Gen 79 S.L., la primera constituida en 2006 y la segunda en 2010.
Oficios a los bancos
Ante el planteamiento de los investigadores el magistrado ha ordenado esta ampliación de las pesquisas en lo referente a López, a su mujer, a sus dos hijos y a las mercantiles antes citadas. Para ello, se han librado oficios a los bancos para que faciliten a los agentes de la UDEF «todas las cuentas bancarias, depósitos de valores, títulos, acciones deuda pública, contenido de las cajas de seguridad u otros activos financieros (...)» en los que el técnico investigado o alguno de los miembros de su familia figuren como titulares o como autorizados. A ello añade la información de los movimientos de todos estos productos». Además de sobre las personas físicas, el magistrado ha pedido también todos los datos que puedan recabarse respecto a las dos mercantiles.
Presunta connivencia
Las diligencias que se están practicando pretenden determinar si existía connivencia entre los empleados públicos y el dueño de Isjoma. Otro informe de la UDEF anterior a éstos constataba «la existencia de gran cantidad de facturas relacionadas con numerosos suministros de mercancías diversas que se han efectuado al margen de la contrata durante los años 2003 a 2009». Unos contratos menores que, sólo centrados en lo que va de los años 2007 a 2009, «han representado en algún ejercicio un importe superior al 50% de las certificaciones de suministro relacionadas con trabajos incluidos en la contrata y que han sido adjudicados fuera de la misma».
El Ayuntamiento adjudicó este servicio a Isjoma en dos ocasiones: primero en 2003 y después en 2009. Esta última contrata la acabó anulando el Tribunal Superior de Justicia tras concluir que la adjudicataria tenía que haber sido Alavés Montajes S. L. cuyo propietario presentó una oferta un millón más barata y quien también interpuso la denuncia que ha dado pie a este procedimiento.
