La decisión de la Generalitat de desactivar la figura del urbanizador privado para que no pueda plantear la recalificación de suelo no urbano a urbanizable no sorprendió ayer al sector inmobiliario de la provincia de Alicante, que tiene claro que el actual equipo gestor del Consell no está por la labor de desarrollar suelo, y se centra más esta legislatura en la protección. No obstante, empresarios consultadas por el periódico apuntaron que iniciativas como la que se va a incluir en la futura ley de Urbanismo pueden provocar falta de suelo a medio plazo para responder a la demanda, lo que se traduciría en tensiones con los precios.
La Asociación Provincial de Promotores de Vivienda (Provia) no quiso pronunciarse, pero otras fuentes del sector apuntaron que siendo «un palo más en la rueda del carro», tampoco tiene hoy la incidencia que hubiera tenido hace quince años, ya que la crisis ha llevado a que los promotores se centren en el suelo finalista, y no en aventuras para grandes transformaciones de terreno. No hay liquidez y los constructores optan por solares donde sólo hace falta meter las grúas, porque las aventuras del pasado son imposibles. Lo cierto es que ahora mismo y pese a la recuperación de proyectos que estaban paralizados, como los que se ejecutan en la costa de la Vega Baja, las Marinas y en el Pau 5 de Alicante, apenas existen planes nuevos debido a la moratoria para edificar en la franja de 500 metros desde la orilla del mar y, en el caso del municipio de Alicante, el atasco administrativo de la Concejalía de Urbanismo por la falta de personal. A esto se une la tradicional lentitud para tramitar suelo en la provincia.
La hoy denostada figura del agente urbanizador privado (personalidad jurídica que incluso acabó a principios de la década de 2000 con denuncias ante la Comisión Europea por propietarios extranjeros de suelo) tuvo, sin embargo, un efecto positivo para dinamizar el sector de la construcción a finales de los años 90 en la provincia. Y fue, paradójicamente, por una ley aprobada por el entonces equipo gestor del PSOE en la Generalitat, que acabaría por desarrollar el PP.
La iniciativa privada impulsó la creación de suelo transformando parcelas no urbanizables en urbanas siempre, según recordaba ayer un veterano promotor alicantino, con la aprobación final de la Administración. A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Ordenación de Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), la participación privada quedará limitada al suelo finalista que creen los ayuntamientos, no siempre muy diligentes a la hora de desarrollar planes urbanísticos. Con el agente urbanizador llegaron muchas inversiones y riqueza, pero la historia acabó en un «boom» urbanístico descontrolado causante de la explosión de la burbuja inmobiliaria. El Consell opta ahora por la protección pero muchos expertos consideran que la consellera Salvador puede estar pasándose de frenada.
La futura legislación suprime la polémica competencia que el texto actual concede todavía a los promotores particulares (agentes urbanizadores) a plantear proyectos que impliquen recalificar suelo no urbano a urbanizable. El Consell quiere devolver el protagonismo a los ayuntamientos, que serán los que decidan sobre las parcelas. La norma que se quiere aprobar este mandato impedirá que en Alicante, o en cualquier municipio de la provincia, puedan diseñarse de la mano de un empresario particular macrooperaciones como la del extinto Plan Rabasa, que planteó en su día la recalificación de más de dos millones de metros cuadrados para la la construcción de 13.000 viviendas y un centro comercial Ikea en el barrio alicantino.
