«Consideramos que los padres no tienen derecho a elegir la lengua vehicular de sus hijos, porque existe un derecho fundamental a la educación pero no a una educación en una lengua determinada». La reflexión se incluye en el informe elaborado por los responsables universitarios de Alicante, Castellón y Valencia, -la UMH de Elche no cuenta todavía con Unidad Multilingüe-, especialistas en enseñanza multilingüe, y a instancias del propio conseller de Educación, Vicente Marzà con vistas a elaborar su nuevo decreto de plurinlingüismo.
Los expertos van más allá que la propia conselleria en su interés por generalizar la enseñanza del valenciano, y coinciden con los catedráticos de la Facultad de Educación consultados por este diario.
Las universidades aluden a sentencias del Tribunal Constitucional -87/1983, 88/1983, 337/1994, 31/2010 y 15/2013-, que sientan criterio sobre la enseñanza de las dos lenguas cooficiales en los centros escolares «con la intensidad que permita alcanzar el objetivo de garantizar el derecho de conocer y usar ambas lenguas», así como que «el derecho a la educación no conlleva que la actividad prestacional de los poderes públicos pueda estar condicionada por la libre opción de los interesados de la lengua docente». Sobreponen el poder político a la decisión paterna sobre la exención del valenciano.
Coordinado por el Instituto de Estudios Catalanes, el documento remite asimismo a informes de la Unesco y de la ONU-Unicef, sobre la existencia de un «derecho a la educación, pero no en una lengua determinada». Y sobre la Llei d'Us en la exención del valenciano en las zonas castellanohablantes, los expertos insisten en que «la legislación española, de rango más alto, no otorga a los padres el derecho a decidir la lengua vehicular en que han de ser educados sus hijos, ya que depende de la organización de las enseñanzas en cada comunidad autónoma».
Públicos y concertados
En la misma línea, abogan por un «modelo único para todas las zonas, valenciano parlantes y castellano hablantes», y en «todos los centros», ya sean «públicos o concertados», aunque con la necesaria «graduación, información y recursos adicionales» en lo que a las zonas castellano hablantes se refiere, como es el caso de todo el sur de la provincia, especialmente la comarca de la Vega Baja.
Los expertos lingüistas recalcan que la totalidad de los centros deben «someterse» al mismo currículo educativo, frente a los tres niveles que propone el decreto.
Advierten, por último, que si no se incorpora «seriamente el valenciano como lengua de instrucción», se condena al alumnado a conformarse con el bilingüismo, considerado como una «desventaja» y «discriminación» frente al multilingüismo.
