La Organización de Consumidores José María Mena, que representa a vecinos y asociaciones de padres de alumnos de colegios del entorno portuario, presentó el mes pasado en un juzgado de Alicante una querella contra la Autoridad Portuaria de Alicante y las tres empresas que mueven graneles sólidos, Bergé, Alicante Port y Cesa, a las que acusa de un presunto delito ambiental por las emisiones que llegan a la atmósfera debido al polvo que genera la actividad en el muelle 17, pero también en el 11 y el 13. El denunciante también ha recurrido a Bruselas por si la carga y descarga de graneles vulnerara el derecho comunitario, con un informe de 50 páginas en el que se explicaba la operativa.
