La Conselleria de Medio Ambiente y el Puerto de Alicante han llegado a un acuerdo para acabar con los problemas ambientales que ocasiona a los vecinos del entorno portuario el movimiento de graneles en el muelle 17. La solución, según anunció ayer Julià Álvaro, secretario autonómico de Medio Ambiente, pasa por cubrir el muelle donde se almacenan, entre otros materiales, el cemento y el clíncker con la construcción de una nave a la que se sumarán otra serie de medidas, como tapar con lonas la operativa para que la carga y descarga se realice lo más a cubierto posible. Recordar que la descarga ya se realiza mediante tolvas pero en la mayoría de las operaciones de carga de muelle a barco la operativa se realiza directamente del muelle a la bodega, lo que, en principio y a falta de conocer la solución técnica, obligará, como mínimo, a que la nave pueda abrirse por el techo, como ocurre con algunos estadios deportivos. En principio, las medidas que se recojan en el texto de la autorización se deberán acometer en un año e, incluso, no se descarta que si funcionan y se reduce el impacto ambiental se pueda prescindir de la nave.
La operación contempla la instalación de cuatro nuevos medidores de la posible contaminación del aire en los alrededores del Puerto, que se sumarán a los que ya tiene instalados el Ayuntamiento en Rabasa, el barrio de la Florida y en el Pla. Álvaro subrayó que todo está hablado con la Autoridad Portuaria de Alicante, que en dos semanas va a recibir una autorización ambiental para el movimiento de graneles, condicionada a que el Puerto cumpla en un año con las medidas impuestas en el documento previo a la licencia definitiva que se dará en un año. Si pasado este periodo no se cumplen las condiciones de la licencia, la Generalitat podría parar la actividad.
Puertos del Estado va a tener que afrontar para cumplir las condiciones una inversión superior a los cuatro millones de euros, cantidad que el Consell estima necesaria para que la actividad quede completamente normalizada y garantice la salud, tanto de los trabajadores como la de los vecinos. El presidente del Puerto, Juan Antonio Gisbert, señaló ayer que desde los muelles aceptan todas las disposiciones del Consell «y por ello haremos lo que ha dispuesto el secretario autonómico de Medio Ambiente. No va a haber ningún problema». Por su parte, Álvaro aseveró que «además de cerrar el muelle no se descarta que en un futuro toda la operativa se pueda trasladar al muelle 19, más alejada de las viviendas».
El coste es importante y para la financiación también deberán participar, aunque ese extremo no tenía ayer confirmación oficial, las empresas que cargan y descargan graneles en el muelle 17. Otra fórmula es recurrir a los fondos de compensación que recibe el Puerto.
Esta es la primera de las actuaciones que impone la Generalitat para tratar de acabar con la polémica de una actividad industrial portuaria que provoca, según los vecinos, molestias, pero que resulta clave para la economía del puerto y de las dos mil familias que dependen del movimiento de graneles. Tráfico que ha crecido este año casi un 60% respecto a 2015. Hasta octubre, el tráfico portuario había aumentado un 34,4% en el volumen de mercancías a granel hasta alcanzar 2.859.566 toneladas. El total de contenedores movidos ha aumentado en 20.000 unidades, hasta situarse en 131.707, con un incremento porcentual del 18,5%.
Recordar, en este sentido, que el Puerto recibió en septiembre el barco granelero más grande que ha entrado en los muelles a lo largo de su historia, o, al menos, en los últimos 30 años. El carguero Koutalianos, botado en 2007 y que navega bajo bandera de Liberia y llegó del puerto griego de Kalamata. Su registro bruto alcanza las 65.000 toneladas y sus dimensiones son de 230 metros de eslora y 37 metros de manga. Un gigante de los mares que llegó para cargar caliza para la construcción. La actividad es tal que se han tenido que volver a utilizar puntualmente muelles como el 11 -originario de graneles- y los 13 y 15, infraestructuras que pueden acoger muchos tipos de carga y descarga.
La descarga de cemento (importación) de barco a muelle se realiza ya mediante las tolvas ecológicas y se almacena en silos, tal como exigen los vecinos y, por otro lado, el Puerto ha dejado ya, prácticamente, de mover carbón y coque de petróleo al dejar de utilizarse los hornos de la cementera. El problema se centra ahora en controlar la carga del muelle al barco del clíncker para conciliar la actividad industrial con el derecho de los vecinos a que todo se haga de forma escrupulosa para evitar cualquier tipo de impacto sanitario. Algo que debe acabar cubriendo el muelle 17.
«Los medidores estarán controlados de manera independiente y para ello el Ayuntamiento de Alicante cuenta con la profesora de la Universidad, Adoración Carratalá. Los resultados en tiempo real se publicarán en la página web de la Conselleria y estarán a disposición de los ciudadanos en todo momento», subrayó Julià Àlvaro.
Licencia municipal
El paso adelante dado por el Consell es independiente a la petición de la Concejalía de Urbanismo para que el Puerto reclame una licencia ambiental municipal, algo que sigue en pleno contencioso debido a que la Autoridad Portuaria sostiene que no es necesario.
El portavoz del tripartito que gobierna en el Ayuntamiento de Alicante y de Compromís, Natxo Bellido, celebró ayer el anuncio realizado por la Conselleria de Medio Ambiente. Bellido indicó que, una vez que esté realizado el informe sobre la calidad del aire, se valorará si las inversiones acometidas «han sido suficientes» o hacen falta medidas adicionales. Para Bellido, considera que con las medidas que impone el consell se pone solución «a un incendio» que se arrastra desde hace años, en referencia a las quejas que esta actividad ha venido generando entre los vecinos de los barrios del entorno. «La voluntad es garantizar la calidad del aire así como la salud de los vecinos y que una actividad así esté regulada», destacó Bellido, del mismo signo que el secretario autonómico de Medio Ambiente.
Por su parte, el vicealcalde y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, aseguró ayer a través de Europa Press que «desde el minuto uno» ha instado a la Conselleria a que «de entrada» exigiera que la actividad se desarrolle en un silo cerrado, aunque ve «con buenos ojos» que se dé tiempo para su adecuación, dado que se dará la licencia condicionada a esta exigencia y se revisará a los 12 meses.
