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Llevan al juzgado y a Bruselas los graneles del Puerto de Alicante

Una asociación de consumidores reclama que se pare cautelarmente la actividad en los muelles

Llevan al juzgado y a Bruselas los graneles del Puerto de Alicante

Frente judicial contra la descarga de graneles en el Puerto. La Organización de Consumidores José María Mena, que representa a vecinos y asociaciones de padres de alumnos de colegios del entorno portuario, ha presentado una querella contra la Autoridad Portuaria de Alicante y las tres empresas que mueven graneles sólidos, Bergé, Alicante Port y Cesa, a las que acusa de un presunto delito ambiental por las emisiones que llegan a la atmósfera debido al polvo que genera la actividad en el muelle 17, pero también en el 11 y el 13.

El denunciante, que ha recurrido a la a vez Bruselas por si la carga y descarga de graneles vulnerara el derecho comunitario, pide al juez a que detenga la actividad y obligue al Puerto y a las mercantiles a adoptar las medidas correctoras pertinentes. La querella está acompañada de un informe de 50 páginas en el que el letrado de los demandantes, José Luis Escobar, detalla los posibles peligros y consecuencias de una actividad que afecta directamente a dos poblaciones de riesgo, niños y ancianos. Irritaciones cutáneas y respiratorias y daños oculares son algunas de las patologías que estarían directamente relacionadas con el movimiento de graneles, según la querella. El titular del Juzgado número 7 de Alicante debe determinar ahora si admite la denuncia, e inicia la investigación pertinente. Los mismos argumentos se apuntan en el escrito remitido a la CE.

El Puerto mueve al año un millón de toneladas de graneles sólidos sin instalación especial, de las que 70.000 corresponden a carbones y coque de petróleo; 630.000 a cemento y clíncker y 130.000 a materiales de construcción. Según el denunciante, la actividad genera molestias a los vecinos del entorno y a los alumnos de los cinco centros escolares directamente afectados, sobre todo los colegios Benalúa y Mare Nostrum y el Instituto Bahía de Babel. Entre las afecciones a la salud, los querellantes describen que se han dado casos de irritaciones cutáneas, alergias, asma, problemas respiratorios y oculares, sobre todo en niños y ancianos.

La asociación José María Mena asegura que su informe demuestra que existe una emisión de partículas pulverulentas a la atmósfera y reclama al juez que parte la actividad de manera cautelar, a la vez que le insta a que obligue al Puerto y a las empresas demandadas a adoptar las medidas correctoras contenidas en una resolución de la Conselleria de Medio Ambiente del 4 de diciembre de 2009.

La descarga mediante tolva ecológica, con aspiración y posterior tratamiento de caudales mediante filtros, que las cintas transportadoras tengan carenados con aspiración, que el almacenamiento se haga en silos cerrados, la instalación de sistemas de medición y control de emisiones y el sistema de lavador de los camiones. El Puerto asegura, en este sentido, que muchas de las peticiones ya se están cumpliendo y siempre ha sostenido que la actividad de los graneles es legal.

El paso adelante judicial llega un año después de la Asociación de Vecinos Gran Vía-Sur Puerto llevara ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante una denuncia contra el Ayuntamiento por si estuviera cometiendo un delito de presunta prevaricación por omisión la permitir la actividad, denuncia de la que no ha vuelto a saberse nada.

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