Es el Ayuntamiento y no la empresa privada quien debe definir el proyecto que se ejecute en Rabasa. Esa es una de las conclusiones alcanzadas ayer en la mesa redonda organizada por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) en el Club INFORMACIÓN para analizar la nueva propuesta del Consell desvelada por este diario de adquirir suelo en Rabasa para después ofrecerlo a Ikea y dar un paraguas legal a su implantación en Alicante. Una operación que genera muchas dudas.
Recientemente, el propio alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, realizaba paralelismos con Elche y con el procedimiento utilizado por la empresa pública Pimesa para ampliar el polígono industrial a través de la compra y posterior subasta del suelo. El gerente de Pimesa, Antonio Martínez, fue uno de los participantes en la mesa redonda para explicar el modelo de intervención pública que se sigue en Elche. Aunque incidió en que desconoce el planteamiento concreto del Consell, sí consideró que para llevar a cabo una actuación de esa envergadura «lo primero que hay que tener es un modelo de ciudad y un modelo económico integral de qué quiere conseguir». Ello implicaría también que el Ayuntamiento se decante por si quiere «una gestión pública o privada del suelo para las actividades económicas». En caso de decantarse por lo primero, se necesitaría «un instrumento de gestión», como lo es Pimesa en Elche, apuntó.
En esa línea, Martínez explica que el Consell «no puede adquirir suelo a no ser que sea una empresa pública», como podría serlo el EIGE. El gerente de Pimesa incide en que si se opta por una gestión pública, el proyecto debe definirse «desde lo público» y el suelo debe venderse mediante una convocatoria pública con libre concurrencia para las empresas que quieran optar: «No se puede comprar suelo público para venderlo a una empresa determinada; hay que vender el suelo público, públicamente. Es decir, con una convocatoria pública».
Martínez incidió en que si desde la administración se opta por una gestión pública, es la administración la que debe decidir el proyecto y no una empresa determinada. De esa manera muestra su desconcierto por el hecho de que, mientras el Consell parece abogar por una gestión pública en Rabasa, lo que se haya puesto sobre la mesa sea un plano propuesto por la multinacional del mueble en el que se contempla reducir el área comercial anexa e integrarla de medianas superficies, un hospital y una ciudad deportiva. «Creo que hay confusión y no se está explicando bien», subrayó.
El periodista y miembro de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), José María Perea, moderó el debate y recordó el planteamiento de la plataforma. Al respecto, incidió en la necesidad de que cualquier actuación se desarrolle con «transparencia». Destacó la «importancia» de los terrenos de Rabasa dentro del territorio e incidió en que «lo que se proyecte ahí tiene que responder a un planteamiento de ciudad y desde la ciudad». En esa línea incidió en que «es el Ayuntamiento el que ordena el territorio» y en que si bien es el Consell «el que aprueba» es la administración local «quien tiene que tener la iniciativa y decir qué quiere la ciudad».
El abogado y también miembro de la PIC Armando Etayo realizó un repaso de las actuaciones proyectadas en Rabasa y promovidas por Enrique Ortiz, desde el polémico plan de 13.500 viviendas anulado por los tribunales a la Actuación Territorial Estratégica archivada recientemente por el Consell a petición la empresa promotora. Para Etayo, la propuesta que ahora se plantea «de manera misteriosa como un globo sonda» sería la «cuarta versión del Plan Rabasa». En su opinión, «se ordena la ciudad desde el interés privado y no público; es el urbanismo del promotor porque es la iniciativa privada la que dice cómo ordenar la ciudad en función de sus intereses». El abogado advierte de que el suelo de Rabasa es no urbanizable y de que cualquier tramitación será «farragosa». Incide, igualmente, en que «le corresponde a la administración planificar» el suelo.
