La Concejalía de Urbanismo, dirigida por el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, tiene pendiente de resolver licencias de obras y demoliciones que, de ejecutarse, supondrían una inversión de 52 millones de euros en edificaciones, viviendas y otros inmuebles en Alicante. Un «atasco» de expedientes, como el edil admitió recientemente, que genera malestar en el sector inmobiliario y una merma para las arcas públicas. Y es que la ejecución de esos proyectos llevaría aparejado un ingreso de 2.209.000 euros para el Ayuntamiento por el impuesto de construcciones y obras (ICIO).
En concreto, los datos revelan que hay pendiente de resolver licencias por valor de 34 millones de euros que se arrastran del año 2015 y las solicitadas este año suman 18 millones de euros. En total, licencias no resueltas por valor de 52 millones de euros, cuyas obras no se han ejecutado en la ciudad. Algo que repercute directamente en el desarrollo económico de Alicante y también en el empleo.
Desde el sector inmobiliario vienen advirtiendo del bloqueo y el retraso en la resolución de los expedientes de obra y así lo expusieron recientemente ante el propio edil de Urbanismo en una reunión mantenida hace tres semanas. Pavón achacó entonces el retraso a la falta de personal en la concejalía. El edil apuntó directamente al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, acusándole de «torpedearle», mientras desde el PSOE replicaron a Pavón que desde febrero se le había ofrecido la posibilidad de que los funcionarios realizaran horas extra para desatascar la situación. «Cada responsable político debe hacerse cargo de su concejalía y sacar adelante el trabajo», le respondieron entonces desde el entorno del alcalde, que ha venido mostrando su preocupación por la situación.
Promotores consultados consideran que la falta de personal no es el problema o, al menos, el único. Cuestionan la gestión de Pavón al frente de Urbanismo y la organización del área, al entender que hay técnicos destinados a otras labores en lugar de a desatascar el colapso de licencias sin resolver, que los promotores consideran prioritario. El retraso en la concesión de los permisos no es nuevo, pero desde el sector consideran que en el último año y medio se ha agravado y que hay procesos que se dilatan innecesariamente o permanecen en los cajones sin resolverse. Así, pendientes de una resolución, hay licencias de obra por valor de 52 millones de euros en Urbanismo. De ahí el malestar del sector ante «la gestión y el retraso», como señalaron empresarios alicantinos.
Diferentes fuentes municipales consultadas coinciden al considerar que existe una «desconfianza» del edil hacia técnicos municipales que le lleva a no delegar y a revisar a fondo y hasta el extremo cada uno de los expedientes e informes antes de decidir si los aprueba y firma o los echa para atrás. Un proceder que, entienden las fuentes consultadas, retrasa la resolución de los expedientes, teniendo en cuenta que, además de Urbanismo, Pavón gestiona otras áreas municipales con importante volumen de trabajo como Ocupación de la Vía Pública, Imagen Urbana y Conservación de Inmuebles.
La situación de parálisis se produce coincidiendo con un renacer de la actividad constructora, donde ahora mismo hay en marcha unas 20 promociones con 2.000 viviendas. Desde Urbanismo aseguran que hasta ahora ha dado permiso para 500 viviendas. Sin embargo, son muchos los expedientes que siguen sin resolver.
