El PSOE y Compromís acordaron ayer, con la oposición de Guanyar, sacar a licitación el contrato de limpieza de colegios y dependencias municipales, caducado desde hace más de un año y por el que cada mes se pagan a Enrique Ortiz 700.000 euros fuera de contrato. El servicio sale a contratación por 18,4 millones de euros para los dos años de contrato (9,2 millones de euros al año). Se trata de un incremento del precio con respecto a la previsión inicial y supone, como admitió la edil de Infraestructuras, la socialista Gloria Vara, incrementar en 200.000 euros al año lo que ahora se venía pagando. Además, no se permitirán rebajas en el precio ofertado de más del 5%.
Según Vara y el portavoz de Ciudadanos, Natxo Bellido, el aumento del precio y la decisión de no permitir grandes rebajas en el precio tiene como objeto garantizar la estabilidad de la plantilla de trabajadores. «No queríamos que el precio saliera muy ajustado, porque de lo primero que se recorta es en personal», esgrimió Bellido, quien defendió que limitando las rebajas de precio al 5% se evitan bajas temerarias en las ofertas. Sin embargo, las limitaciones en el precio de los contratos fue una de las críticas que los grupos de la oposición, ahora en el gobierno, realizaron en el anterior mandato (por ejemplo, en la licitación del contrato de Limpieza Viaria) y que cuestionó en un informe la propia la Sindicatura de Cuentas.
La edil de Infraestructuras indicó que la intención es que el contrato esté adjudicado durante el primer trimestre de 2017. Mientras tanto, como ocurrió ayer en la Junta de Gobierno Local, se seguirán aprobando pagos mensuales de 700.000 euros a Ortiz fuera de contrato.
La decisión de sacar a licitación el contrato de limpieza de colegios y dependencias se alcanzó ayer en la Junta de Gobierno Local, donde Guanyar expresó su oposición. El vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, reiteró su postura de municipalizar el servicio recordando que es una de las medidas incluidas en el pacto de gobierno y con resignación dijo asumir que «estamos en minoría en el equipo de gobierno». Pavón lamentó que no se incluyeran muchas de las cláusulas que propusieron en materia de personal y para encauzar el contrato a un futuro rescate.
El contrato sale a licitación por dos años, con posibilidad de prorrogarlo por otros dos años más.
