Como cuando te traen el pedido de la Coca Cola y firmas el recibí. Con este ejemplo explicó ayer el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Alicante y hostelero José Antonio Sobrino el modo en que dio el visto bueno al presupuesto del montaje de una feria oulet en el Puerto en el otoño de 2009. Una contratación por la que ayer declaró como investigado ante el magistrado que instruye esta causa como pieza separada de la abierta por la adjudicación municipal de las infraestructuras festivas a la mercantil Isjoma.

El magistrado, que investiga si se fraccionaron los pagos del montaje del evento para burlar los límites que marca la ley para adjudicarlos, mantiene en un auto que «existen indicios suficientes para considerar la posible existencia de irregularidades en la adjudicación de los contratos (...) y el fraccionamiento de los trabajos que inicialmente fueron presupuestados por Alavés Montajes S. L. (el adjudicatario y denunciante de estos hechos) llevándose a cabo su contratación como contratos menores cuando el importe del presupuesto excede los límites legalmente establecidos para dicha forma de contratación».

La adjudicación de la feria por parte del Ayuntamiento se llevo a cabo mediante cuatro contratos (por los importes de 5.800, 8.900, 5968 y 9.863 euros) cuando queda clara la existencia de un presupuesto realizado por Alavés Montajes S. L. por importe de 48.731 euros «no habiéndose dado razón suficiente del fraccionamiento de los distintos trabajos por los que finalmente se llevó a cabo la contratación como contratos menores», precisa el juez.

Sobrino explicó ayer a su señoría que cuando firmó el presupuesto, que él aseguró que no lo identificó como tal, pensó que no le comprometía a nada y que, además, creyó que el Ayuntamiento en ningún caso iba a superar los 18.000 euros, lo que permitía una adjudicación directa sin necesidad de acudir a un procedimiento negociado (que obliga a pedir tres presupuestos).

El problema surgió cuando varios de los patrocinadores del evento se echaron atrás y la celebración de la feria se quedó en el aire, extremo que ayer confirmó ante el juez la promotora, que también declaró, aunque en calidad de testigo.

«Sin idea»

Era novato, no tenía ni idea de contratación y tampoco le pude consultar al técnico (quien también está investigado por estos hechos) porque estaba de vacaciones, relató ayer el exedil a lo largo de su comparencia judicial, donde insistió en que pensó que la firma de ese documento (por el presupuesto) no le obligaba a nada.

A preguntas mayoritariamente del magistrado Sobrino también hizo hincapié en que, después de que se marcharan varios de los patrocinadores (únicamente quedaron la CAM y la Cámara de Comercio, que aportaron en total 24.000 de los 48.731 euros que costó el montaje de la feria) si el Ayuntamiento no hubiera tirado para adelante no se habría celebrado. Y situó el momento en que ocurrió todo esto: en plena crisis, con los comerciantes necesitados de dar salida a unas mercancías que algunos incluso ya habían trasladado hasta la explanada del Puerto, dijo Sobrino.

El representante de Alavés ratificó ante el juez en una declaración anterior que el técnico investigado (quien por su parte aseguró que sólo resolvió lo que había firmado el entonces edil) le había pedido que aportara facturas emitidas por terceros que no habían intervenido en esa ejecución para así no superar las cantidades que el Ayuntamiento podía pagar directamente sin necesidad de pedir más ofertas.

Con las comparecencias de ayer no quedan ya en esta causa diligencias pendientes del prácticar y, salvo que se solicitaran nuevas pruebas, todo apunta a que el siguiente paso del magistrado será decretar o bien el archivo de las actuaciones por considerar que los hechos no revisten indicios de delito o, por el contrario, continuar con el proceso con lo que vendría a ser el procesamiento de los encausados.