El decreto de plurilingüismo que ha propuesto la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, el abismo ideológico existente entre los distintos partidos políticos que conforman las Cortes Valencianas se ha visto reforzado a cuenta de la proposición del Consell para regular el modelo educativo lingüístico valenciano.
Mientras que el titular de Educación defiende que el texto planteado «tiene en cuenta realidades muy distintas y es un punto de partida para que cada centro se ajuste al nivel que decida», el borrador ha suscitado duras críticas por parte del PP y de Ciudadanos, que estiman que, sobre todo, cercena la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y crea estudiantes de primera y de segunda. Para Marzà, «el Programa Plurilingüe Dinámico es un punto de partida donde cada centro se ajustará al nivel que decida, teniendo en cuenta su realidad sociolingüística y progresivamente podrá evolucionar a niveles más avanzados de plurilingüismo». Marzà aseguró que «esta nueva propuesta tiene, por lo tanto, muy en cuenta realidades muy distintas».
Sin embargo, el PP es tajante en este tema. «El Consell ha conseguido poner en pie de guerra en tan sólo 24 horas a toda la comunidad educativa. El decreto que propone la Conselleria aplica el rodillo, el sectarismo y el adoctrinamiento porque no tiene en cuenta ni a los niños, ni a los padres, ni a los profesores, ni a las plataformas. No se da partipación a la ciudadanía, y evidentemente, tampoco a los grupos políticos de las Cortes», indicó el diputado autonómico y vicesecretario general de Educación y Política Social del PP, Juan de Dios Navarro.
El responsable popular considera que el decreto sostiene desigualdades profundas entre los alumnos «porque crea estudiantes de primera y de segunda», aseveró Navarro. Por eso se mostró rotundo y adelantó que «si es necesario y si vemos que sigue así, el PP acudirá a los tribunales para cambiarla. Lo que hace este decreto es adoctrinar y la inmersión lingüística del Consell, de Marzà, de Puig y de Oltra es el separatismo catalán y eso no lo vamos a permitir. Este es un modelo de inmersión separatista, olvidando que hay zonas de la Comunidad donde el Estatuto permite la exención del valenciano».
El decreto tampoco ha despertado las simpatías de Ciudadanos. «La inmersión no se puede imponer. Hay formas y maneras para impulsar el uso del valenciano. Evidentemente no se obliga, pero sí se desincentiva la educación en castellano y eso es intolerable porque no se tiene en cuenta la libertad de los padres. Es inaceptable que se prime el aprendizaje de una lengua sobre la otra porque se va a dar facilidades para aprender o no el inglés en función de la línea que escoja el consejo escolar y eso es intolerable», explicó Emigdio Tormo, coordinador de Ciudadanos en la provincia y diputado autonómico.
Tormo aseguró que la de Marzà «es una decisión ideológica» que obvia la existencia de zonas en la provincia donde nunca se ha hablado el valenciano. «No es admisible que se imponga la inmersión y que se pongan trabas para favorecer el valenciano. Si primas una lengua estás castigando a la otra y es tan legítimo estudiar en valenciano como en castellano».
Entre los máximos defensores de la propuesta del Consell se sitúa Compromís, que califica el modelo propuesto como «un sistema equitativo, aunque algunos sólo ven bilingüismo en este modelo trilingüista que permite que haya un conocimiento efectivo de las tres lenguas cuando los escolares acaben sus estudios. El decreto que aprobó el PP en su momento no abordó el tema de forma efectiva, ni contaba con los medios ni con los recursos necesarios y eso lo demuestra la andadura que tuvo», aseguró Mireia Mollà, diputada autonómica y portavoz adjunta de Compromís en las Cortes. La responsable de Compromís aseguró que el decreto no prima el inglés ni el valenciano «si no que impulsa el conocimiento de tres lenguas, aunque el PP lo usa como arma partidista y manipuladora. El objetivo único es que los niños sean plurilingües. Se habla de tres lenguas y, sin embargo, hay quienes usan una de ellas como bandera para crispar y meter miedo, una postura que es contraria al objetivo y al método pedagógico que se propone». Mollà afirmó con contundente convicción que «es una oportunidad».
Más tibio y sin entrar en el fondo de la polémica se mostró David Cerdán, secretario general del PSPV-PSOE en la provincia. «A los castellanoparlantes nos incomodaba este tema y creo que se ha llegado a una postura bastante ecuánime donde hay libertad de centros. Creo que es una buena opción y lo importante es potenciar de verdad, con una educación moderna, una lengua como el inglés. Creo que la propuesta para potenciar el valenciano está bien resuelta, pero lo importante es cómo se resuelve el conocimiento de la primera lengua extranjera», indicó Cerdán, quien aseguró que el decreto potencia el valenciano «preserva también a los que hablamos castellano, que no somos menos valencianos que el resto». Cerdán remarcó que la polémica obedece a « la nefasta comunicación» de Marzà para explicar la propuesta.
Desde Podemos, Sandra Mínguez, diputada y responsable de Educación, remarcó que los alumnos deben saber «más valenciano e inglés» y destacó que se haya respetado las diferentes características de la geografía valenciana, así como «la autonomía de los centros educativos donde los consejos escolares decidirán sobre qué nivel establecer», aunque lamentó que no se haya contado con las aportaciones de las formaciones políticas.
