La Ciudad de la Luz continúa consumiendo recursos de las maltrechas arcas del Consell. La Generalitat Valenciana acaba de adjudicar dos contratos nada exiguos para mantener el complejo cinematográfico, convertido en un recinto fantasma desde que la Unión Europea vetó su actividad en febrero de 2013. Pero, ¿cuáles son los contratos? El de mayor cuantía es el del mantenimiento y conservación de las zonas verdes, las instalaciones de riego y la gestión del agua de la Ciudad de la Luz. El Consell de izquierdas ha adjudicado recientemente esos trabajos a una empresa de Albacete por un montante de 222.582,21 euros más IVA, tal y como consta en el Diario Oficial de la Unión Europea, donde también se publicitó la licitación.

Este gasto no es nuevo. A pesar de que la Comisión Europea ordenó el cese de actividad del recinto hace ya más de tres años, los dos gobiernos autonómicos que han dirigido la Comunidad desde entonces -el del PP hasta mediados de 2015 y el del PSPV-Compromís a partir de esa fecha- han sacado a concurso esas labores de mantenimiento de las zonas verdes. Y eso que los socialistas lo criticaron en su día.

El actual Consell, no obstante, puede estar incluso de enhorabuena. ¿Por qué? Porque no gastará en esas actuaciones tanto dinero como preveía. Y es que cuando licitó el contrato estimó un valor de 334.207 euros sin IVA. Finalmente se ha ahorrado casi 110.000 euros respecto a su previsión inicial.

Pero ahí no se quedan los gastos de la Generalitat con la Ciudad de la Luz. A pesar de sus estrecheces económicas, el Ejecutivo valenciano acaba de sacar a concurso otro contrato para mantener el recinto. En concreto, ha adjudicado las actuaciones de mantenimiento y conservación de las redes pluviales, el saneamiento, la señalización, los viales, el mobiliario, el alumbrado público, las canalizaciones y la evacuación de las instalaciones. Al igual que el contrato anterior, con una duración de un año. En este caso, el valor de la adjudicación es de 197.415,23 euros sin IVA. Al concurso concurrieron cuatro empresas y finalmente se lo ha llevado una firma con sede en Madrid, tal y como consta en la publicación del Diario Oficial de la Unión Europea.