La consulta para decidir si finalmente se implantará la jornada continua fue la gran protagonista en los 257 colegios de la provincia de Alicante autorizados por la Conselleria de Educación para el cambio de horario en este curso que arrancó ayer. Oficialmente, y coincidiendo con la vuelta al cole, en la mayoría de centros se abría el plazo para votar en diferido, al tiempo que se debían publicar los censos provisionales en los propios centros. De hecho, los padres de los colegios de Mutxamel fueron los primeros en empezar a votar a favor de la jornada continua en «diferido», mediante sobres cerrados mostrando su DNI, y en centros escolares como El Salvador se recogieron las 150 primeras papeletas de un censo total de 806 padres. A lo largo de la provincia, además, se intensificaron las reuniones informativas que ya se han venido celebrando a lo largo de las últimas jornadas en los centros. Sin embargo, mientras la Plataforma a Favor de la Jornada Continua Escolar continuaba haciendo un llamamiento al sí en la consulta convocada para el jueves 15 de septiembre, padres del otro colectivo que se ha perfilado en las últimas semanas, la Plataforma por la Información y la Promoción de los Valores de la Jornada Partida, o Plataforma por la Jornada Partida, han empezado a presentar un goteo de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y ante un juzgado de lo Contencioso de Alicante, para pedir la suspensión del proceso.

De momento, hasta ayer, ya se habían presentado seis recursos ante el TSJ, por parte de padres de los colegios El Palmeral, Princesa de Asturias o La Marina de Elche, o del Voramar de Alicante, además de otro ante un juzgado de lo Contencioso de Alicante. Los recurrentes, al final, han ido registrando la documentación ante el TSJ a título particular, ya que, por una cuestión de plazos, no llegaban a tiempo para constituirse formalmente en asociación. Paralelamente, tenían previsto presentar como plataforma ante el Síndic de Greuges una queja.

En concreto, los recursos contencioso-administrativo presentados se dirigen contra la orden de la Conselleria de Educación que regula las condiciones y el procedimiento de solicitud y autorización de la jornada continua; la resolución del director general de Política Educativa con el calendario; y el proyecto específico del centro escolar al que están adscritos sus hijos. En este sentido, piden la suspensión de estos documentos amparándose en que su ejecución «provoca daños y perjuicios de difícil reparación a los recurrentes». En el caso específico de unos padres de El Palmeral, lo que argumentan es que se pretende cambiar de horario escolar «de forma intempestiva, en menos de 15 días, y en contra del sistema de matriculación, e incluso en contra de las consultas no vinculantes efectuadas a los padres, y en los que la comunidad educativa votó en contra del cambio de horario escolar».

En el recurso, consideran que lo que se hace es una aplicación retroactiva de la normativa, al hacerse la consulta con posterioridad al periodo de matriculación, o que no se garantiza un sistema de información transparente a los padres -más allá de una carta con fechas y poco más, alegan-, lo que les impide tomar una decisión con conocimiento de causa. En su opinión, se infringen normas de orden superior con la orden de la Conselleria y la resolución posterior, y apelan a que el horario intesivo empeora los resultados acedémicos de los alumnos. Finalmente, y entre otras muchas argumentaciones, denuncian el enfrentamiento que puede producirse entre padres y profesores o el hecho de que en los colegios en los que no se implante la jornada partida se podrá votar todos los años, a diferencia de en los que sí se apruebe, donde se votará cada tres años.

Desde la plataforma que defiende la continuidad de la jornada partida, incluso ayer se quejaron de presiones por parte de algunos de los defensores del horario intensivo. Sin embargo, desde la Plataforma a Favor de la Jornada Continua por la Libre Elección se mostraban en términos totalmente opuestos. No sólo afirmaron que, en términos generales, no se había detectado ningún tipo de enfrentamiento entre una parte y la otra, sino que, además, apuntaron que en estos días están limitando su actividad a carteles y a dar información por redes sociales y en la web.

La secretaria de la plataforma, Josefina Segura, hizo hincapié en la importancia de que la gente participe en la votación. «Es necesario conseguir un 55% del censo, algo con lo que, desde el principio, no coincidíamos. Hubiéramos preferido que se pidiera una mayoría más amplia, pero sobre el total de papeletas presentadas», señaló.

Por ahora, en el colegio El Salvador de Mutxamel, ayer se recogieron los primeros 150 votos de un censo de 806 padres, por lo que desde la AMPA han hecho el cálculo: se necesitan 443 papeletas afirmativas para que el cambio de jornada se pueda hacer efectivo. Uno de los miembros de la AMPA, que colabora en la organización de las votaciones, destacaba el esfuerzo que está suponiendo, por lo que esperan llegar a los votos necesarios. «Ya han votado muchos, pero faltan muchos más. Debe tenerse presente que el voto que no se lleva a cabo en realidad cuenta como un voto negativo porque es necesario llegar al 55% de votos afirmativos entre todo el censo», destacó Silvina del Castillo.

No es ésta la única crítica que hacen los partidarios del horario continuo. Josefina Segura reiteraba que no acaban de entender cómo el Consell exige que las clases extraescolares que se impartan de tres y media a cinco de la tarde sean gratuitas, y no dote a los centros de recursos. «El problema es que hay ayuntamientos que financian más, como el de Sant Joan, y otros que no financian nada, como el de Elche y Santa Pola, aunque en ninguno de los casos los padres pagarán por las extraescolares, porque se han buscado otras fórmulas», comentó.

En cualquier caso, los defensores de la jornada continúa subrayaron que «lo que lamentamos es que, intecionadamente o no, se han dicho muchas cosas inexactas. El aula matinal, el comedor o las extraescolares a partir de las cinco de la tarde no se ven afectados por el cambio, la única salvedad es que los niños comerán un poco más tarde», señaló la secretaria de la plataforma.

Ahora habrá que ver qué ocurre. Primero, si estos recursos, junto a la demanda presentada por la federación católica de padres de alumnos Fcapa, prosperan y se paraliza el proceso. De no ser así, habrá que estar a lo que digan las urnas el próximo 15 de septiembre.