«Coincidimos con el Tribunal Superior de Justicia que estima como «irreversible» el daño que la decisión de la Generalitat podría ocasionar a los alumnos de Medicina, Enfermería y Fisioterapia de las universidades privadas de la Comunidad Valenciana. La sentencia paraliza la norma por lo que entendemos que también incluye a todos los alumnos de centros privados, como los de la Universidad CEU-Cardenal Herrera».
El director de la institución académica, Francisco Sánchez, lamentó a preguntas de este diario que la decisión del Consell de paralizar los conciertos para las prácticas de alumnos de Ciencias de la Salud «esta judicializando la vida académica. Necesitamos un marco estable y en esa línea trabajamos porque los recursos sanitarios los pagan todos los ciudadanos con sus impuestos y les ampara el derecho Constitucional». En este centro son 600 los matriculados en Enfermería y Fisioterapia que se suman a otros 1.400 aproximadamente de Castellón y Valencia.
Para el CEU las prácticas «en ningún momento han estado comprometidas», aunque admiten que «su organización presentaba muchas dificultades de gestión». Y esperan que el recurso que también ellos presentaron en la misma línea que el admitido por el TSJ para la Católica de Valencia «obtenga una respuesta similar».
En cualquier caso aseguran que todas las líneas de trabajo abiertas los últimos meses por la CEU- UCH con acuerdos con los hospitales privados y de concesión administrativa, «continuarán, incluidas las nuevas aulas de simulación para la realización de prácticas "intramuros". Y seguiremos trabajando por defender los derechos de nuestros alumnos en cualquier escenario en el que se vean amenazados», concluyen en un comunicado.
Más recursos
Aunque afirma respetar el fallo del TSJ a favor de las universidades privadas, la Generalitat ha decidido interponer un recurso de reposición contra la sentencia que suspende cautelarmente la decisión del Consell de eliminar las prácticas en hospitales públicos para los alumnos de universidades privadas.
«Ordenar racionalmente la situación, ajustando al nuevo marco legal vigente las prácticas de Ciencias de la Salud, resolviendo las irregularidades existentes» son los argumentos que utilizará la abogacía de la Generalitat.
El Ejecutivo valenciano cree que debe «velar en todo momento por los intereses del alumnado, para que todos aquellos estudiantes de centros privados que hayan iniciado sus estudios puedan concluirlos» pero al mismo tiempo que se cumpla «la Ley de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, que impide que profesionales de la Sanidad pública puedan ejercer un trabajo en su horario laboral para centros privados y que profesores presten sus servicios en horario de trabajo para alumnos de la privada».
