Vecinos de catorce localidades de la provincia en Torrevieja, Villena, Petrer, Pinoso, Benissa, Busto, Daya Nueva, Finestrat, Murla, Ondara, Sax, Tárbena, Tibi y la Vall d'Alcalà han empezado a recibir las primeras notificaciones sobre las más de 60.000 irregularidades detectadas en el catastro con la intención, según informa Hacienda, de consolidar las finanzas públicas a través del pago del IBI.
El último día de julio acabó la revisión de los inmuebles en los citados municipios, entre el conjunto de los 97 iniciados en la provincia en 2013 con hasta 274.935 inmuebles, de los que 166.653 figuran sólo en Torrevieja.
Como ya informó este diario, mediante el uso de drones se consiguen imágenes precisas de la situación y se detectan las obras no declaradas. No obstante, desde la propia empresa contratada para que aflore la defraudación tributaria, se advierte de que podrían «existir errores» y de que el contribuyente «no debería conformarse con la resolución que reciba», por lo que se insta a revisarla.
Estas primeras notificaciones incluyen un Código Seguro de Verificación (CSV) que permite consultar a través de la sede electrónica del catastro la situación del inmueble de que se trata, antes y después de la regularización.
El coste medio de no haber declarado, por ejemplo, construcciones de piscinas en patios o azoteas, cerramientos de balcones, adecuación de locales, cierres de porches o de patios interiores para agrandar el salón, incluirá una tasa de 60 euros para pagar los gastos administrativos, al margen del incremento derivado por las construcciones o modificaciones no ingresadas en los cuatro años anteriores no prescritos.
