El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, comunicó ayer oficialmente a la sociedad Avant, coordinadora de la mejora de los accesos ferroviarios a Alicante y de la que el Ayuntamientos es socio, que el Consistorio carece de liquidez presupuestaria en estos momentos para pagar los alrededor de 140.000 euros que le corresponden abonar para pagar los 550.000 intereses bancarios que vencen en agosto. Echávarri fue más allá señalando que como el crédito se reclamó para realizar infraestructura ferroviaria lo justo sería, según el primer edil, que lo pagara quien lo disfruta, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). El ente del Ministerio de Fomento forma parte de la sociedad Avant junto a Renfe, el Consell y el Ayuntamiento.

Este fue uno de los temas tratados durante la constitución de la comisión ejecutiva de Avant, en la que Echávarri también se comprometió con los socios a acelerar lo máximo las modificaciones sugeridas por Urbanismo con respecto a la OI2 que, a fecha de hoy, tienen paralizado el proyecto «para que Alicante tenga cuanto antes un gran parque central». Tema en el que hay un fuerte enfrentamiento entre los vecinos y la Concejalía de Urbanismo en cuanto a la solución para el Puente Rojo sobre la Gran Vía.

En cuanto a la financiación de una serie de pagos que debe hacer frente la sociedad pero que no se pueden afrontar con fondos propios, sino que deben ser los socios de la misma quienes los asuman, en agosto vencen unos intereses bancarios de cerca de 550.000 euros de los cuales el Ayuntamiento debería hacerse cargo del 25%. Algo que ve complicado Gabriel Echávarri debido a la ausencia de una partida presupuestaria para tal efecto.

«Estos pagos corresponden exclusivamente a una infraestructura ferroviaria ya que no hay nada aún de planeamiento urbanístico realizado. Y el beneficio íntegro de esta infraestructura redunda en quien la explota, que es Adif», subrayó ayer Gabriel Echávarri, quien avanzó que, según el alcalde, se debe profundizar en una transmisión de la infraestructura ferroviaria, con la deuda incluida, al titular de la misma.

Por ello, se acordó la creación de una comisión de expertos para ver si es posible realizar o no dicha trasmisión. De momento, en agosto se deben pagar 550.000 euros.