Los delitos informáticos han experimentado una tendencia creciente durante los últimos años en todo el país y con ello en Alicante, que se sitúa como la cuarta provincia española que registró más denuncias por cibercriminalidad durante el pasado año, con un total de 2.802. Según la Secretaría de Estado de Seguridad, los hechos denunciados se dispararon hasta los 60.154 en el territorio nacional, un 40,5% más que hace cuatro años. En su mayoría corresponden a estafas y fraudes informáticos o hechos relacionados con amenazas y coacciones, pero también se cometieron delitos de descubrimiento y revelación de secretos relacionados con actividad sexual, daños informáticos, pornografía infantil, delitos contra la propiedad intelectual, de terrorismo y de odio.
Es una realidad que cada vez son más los españoles que utilizan las redes sociales e internet para acciones que se han vuelto tan cotidianas como estar en contacto con un círculo de amigos, acceder a las cuentas bancarias, realizar compras online y a veces, también, almacenar o compartir contenido entre dispositivos que debería de quedar en la más estricta intimidad. El hecho de vivir permanentemente conectados facilita y conlleva que los delincuentes, amparados en el anonimato, pretendan obtener resultados criminales y que cada vez tengan más éxito.
El último informe del Ministerio del Interior posiciona a la Comunidad Valenciana como la tercera de España en la que más se denunciaron delitos vinculados a la cibercriminalidad el pasado año, con un total de 7.601 denuncias.
Las víctimas
Según las datos registrados por las fuerzas y cuerpos de seguridad a nivel nacional en el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), la mayoría de las víctimas pertenece al sexo masculino (55,45%) y son objeto, principalmente, de los delitos de fraudes informáticos, amenazas y coacciones. No obstante, las mujeres exceden en porcentaje a las víctimas de sexo masculino en los hechos delictivos relativos al acceso e interceptación ilícita, contra el honor, y los delitos sexuales, relacionados con el descubrimiento y la revelación de secretos.
Por edad, el fraude informático es la tipología delictiva con mayor incidencia en el rango que va de los 26 a 40 años, patrón que se observa de igual forma en los delitos de amenazas y coacciones.
Las cifras cambian cuando se abordan los casos que afectan a menores de edad, porque en esa franja las mujeres que han resultado víctimas duplican a los del sexo masculino. Según la información del SEC, estas víctimas son más propensas a ser objeto de delitos sexuales. Es de reseñar, que el 28,3% de los accesos e interceptación ilícita efectuadas fueron cometidas por menores de edad.
Perfil de ciberdelincuente
De la cifra total de detenciones e imputaciones efectuadas en 2015, que fueron 5.445, el 75,98% corresponde a personas del sexo masculino teniendo lugar, principalmente, por la comisión de fraudes informáticos y delitos de amenazas y coacciones. La mayoría de los autores de estos ilícitos penales se encuentran englobados en el grupo de edad 26 a 40 años.
Así, se ha detectado que las estafas, amenazas, la pornografía de menores y descubrimiento y revelación de secretos han tenido mayor incidencia entre los detenidos e imputados de sexo masculino. Además, se ha apreciado que las estafas, amenazas, injurias y usurpación de estado civil predominan entre los responsables de sexo femenino, señala el mismo informe.
El total de los casos esclarecidos durante el pasado año fue de 19.372, lo que supone u n32,3% del total.
La distribución territorial de los hechos ilícitos conocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad a lo largo del año 2015 configura a Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana como las comunidades autónomas que aglutinan una mayor cifra de hechos. A nivel provincial, destacan Madrid, Valencia, Baleares, Alicante, Sevilla y A Coruña, así como los hechos ocurridos en el extranjero pero que han afectado a personas residentes en España. El informe del Ministerio del Interior resalta, eso sí, que al no computarse datos de la Ertzaintza y de los Mossos d' Esquadra, los datos de País Vasco y Cataluña, están infrarrepresentados.
Desde el punto de vista jurídico, la reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal por parte de las Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015, cuya vigencia tuvo lugar a partir del día 1 de julio del pasado año, vino a regular nuevos tipos penales en el ámbito de la cibercriminalidad debido al incremento de los casos. Junto a estas modificaciones, hay que señalar que el Instrumento de Ratificación del Protocolo Adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos, hecho en Estrasburgo, el 28 de enero de 2003, entró en vigor en España el pasado día 1 de abril de 2015.
