El Síndic de Greuges ha recomendado al Ayuntamiento de Alicante que adopte las medidas para demoler unas obras ilegales en los bajos de un edificio de la Playa de San Juan y clausurar un bazar abierto al público en ese lugar, que carece de la correspondiente licencia.

La resolución, fechada el pasado 17 de mayo, recomienda al gobierno municipal que acepte "todas las medidas necesarias para lograr la demolición de las obras ilegales e ilegalizables" e impida "el ejercicio de actividades sin la preceptiva licencia municipal".

Todo ello, concluye el Síndic, José Cholbi, "sin perjuicio de tramitar el correspondiente expediente sancionador e imponer las multas coercitivas para lograr el cumplimiento de lo acordado".

El escrito da respuesta a la queja presentada ante la institución por los vecinos afectados, que han planteado en los últimos años numerosas denuncias y recursos para lograr la restauración de la legalidad urbanística.

De hecho, la comunidad de propietarios del edificio Torre don Juan, donde se asienta el negocio, llegó a querellarse por prevaricación contra la anterior concejal de Urbanismo, Marta García Romeu (PP), y un técnico por su permisividad con las obras, cuya paralización fue avalada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en 2012.

Sin embargo, el juzgado de Instrucción 9 de Alicante archivó hace unos meses el proceso tras invocar el principio de "intervención mínima del Derecho Penal" y entender que "la irregularidad denunciada es corregible en la vía administrativa".

El actual equipo de gobierno local, formado por el tripartito PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís, ha contestado al Síndic que el promotor presentó en su día sendos recursos de reposición contra la denegación de la licencia de primera ocupación y la de actividad, que están pendientes de resolución, y se ha pedido un informe a la Asesoría Jurídica Municipal.

Los vecinos del edificio Don Juan, y el colindante, Tiziano, ubicados en la confluencia de las avenidas Costa Blanca y Países Escandinavos, no entienden por qué el Consistorio no ha ejecutado aún la propuesta de restauración urbanística.

Máxime, señalan, cuando existen varios informes técnicos de la propia Concejalía de Urbanismo que constata que las obras acometidas por el promotor "son ilegales e ilegalizables", pues exceden la altura autorizada y contravienen el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

"Es curioso que el PSOE denunciara la ilegalidad de la construcción cuando estaba en la oposición y ahora el alcalde (Gabriel Echávarri, de ese mismo partido) no nos conteste a nuestros requerimientos", han señalado a EFE fuentes de la juntas directivas de los dos edificios afectados.

Así, han mostrado su perplejidad por el hecho de que el expediente de restauración urbanística "se quedara en un cajón, sin llegar a ejecutarse", y las obras se reanudaran, lo que les induce a pensar que "algún funcionario o funcionaria del Departamento de Licencias tiene un interés particular en que la obra se consolide". Los vecinos han remitido hace unos días otro escrito al Consistorio donde piden que se atienda la recomendación del Síndic y alertan de la caída de cascotes de la fachada del edificio registrada el pasado 3 de julio, en la que resultó herida una persona y que motivó intervención de los bomberos.