La deuda continúa lastrando la gestión diaria de los ayuntamientos alicantinos. Pese a que las entidades locales de la provincia han conseguido reducir su carga financieraen los últimos años, el elevado endeudamiento que llegaron a alcanzar durante los primeros años de crisis económica sigue siendo hoy una losa importante para muchos de ellos. Así se refleja en los datos que acaba de hacer públicos el Ministerio de Hacienda, referentes a las liquidaciones de los respectivos presupuestos municipales del pasado año. El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha sacado a la luz que a lo largo de 2015, los 141 consistorios alicantinos, la Diputación Provincial y las mancomunidades abonaron en su conjunto una media de 60.227 euros al día a los bancos y cajas solo en intereses. Es decir, al margen de las perceptivas amortizaciones de deuda. En total, los gastos financieros de las entidades locales sumaron casi 22 millones de euros durante todo el ejercicio.
Ese guarismo ha ido decreciendo a lo largo de los últimos años. Tal y como recogen las estadísticas históricas del Ministerio de Hacienda, en 2012 los consistorios y la institución llegaron a pagar 52,3 millones por ese concepto. 143.000 euros diarios. Pero, ¿cómo se llegó a alcanzar una cifra tan elevada? La respuesta está en la crisis. En época de bonanza, los ayuntamientos impulsaron todo tipo de obras en sus respectivos términos municipales. Los ingresos ligados al ladrillo les permitieron acometer actuaciones y las entidades financieras mantenían el grifo del crédito abierto.
Pero llegaron las primeras turbulencias económicas. La burbuja inmobiliaria comenzó a desinflarse de manera progresiva y la recaudación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y las tasas urbanísiticas empezaron a menguar. ¿Consecuencia? Los ingresos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), uno de los principales pilares económicos de las corporaciones, se congeló. Y llegaron los problemas. Muchos equipos de gobierno se vieron impotentes para hacer frente a las obligaciones contraídas y tuvieron que tocar la puerta, otra vez, de los bancos y cajas. Su deuda creció y el pago de intereses, por ende, también.
Ya en 2012, con Mariano Rajoy en La Moncloa, el Gobierno central adoptó una serie de medidas para rebajar el endeudamiento municipal y tratar de contener los números rojos de las entidades locales. El resultado es hoy visible en las cuentas. La práctica totalidad de corporaciones han ido disminuyendo su pasivo y sus gastos financieros se han visto también reducidos.
Un caso es paradigmático en la provincia: el de la Diputación. Cuando Luisa Pastor accedió a la Presidencia de la institución en 2011, se topó con una deuda desbocada. La entonces también alcaldesa de San Vicente se marcó el reto de sanear las cuentas del Palacio Provincial y reforzó año tras año las amortizaciones. El resultado es que al cierre de 2015, cuando César Sánchez la relevó en el cargo, la carga de la Diputación se encontraba ya prácticamente a cero. De ahí que en 2015, las cuentas de la avenida de la Estación sólo destinaran 581.796 euros al pago de intereses.
Torrevieja fue, con mucha diferencia, la ciudad alicantina que más carga financiera tuvo que afrontar el pasado ejercicio. La población destinó casi 4,4 millones en intereses pese a que solo amortizó 7,2 millones. La «culpa» la tienen 3,6 millones de intereses de demora que tuvo que pagar el Consistorio en época del PP por no recurrir ni pagar en su momento las valoraciones de terrenos de particulares que se expropiaron.
Después de Torrevieja, las ciudades que más intereses abonaron fueron Elche (2,6 millones); Alicante (2,1 millones); Dénia (1,6 millones); Orihuela (1,2 millones); Benidorm (1,1 millones) y La Nucía (1 millón).
