Tras un periplo de 15 años, la llegada de Ikea está ahora más en el aire que nunca. Una vez roto el contrato con Enrique Ortiz y sus socios y recuperados los 41 millones de euros que les adelantó, la instalación de la multinacional pende de un hilo y qué ocurrirá cuando el Consell, como es previsible, archive la Actuación Territorial Estratégica (ATE)Actuación Territorial Estratégica que vinculaba su llegada a Rabasa es una incógnita. Como el título de la comedia, pero con menos gracia, ¿cogerá el dinero y correrá? o, por el contrario, ¿se sentará a negociar con el Ayuntamiento una alternativa que le permita una instalación rápida en la ciudad?
Desde la multinacional no acaban de despejar la duda sobre qué ocurrirá una vez que el Consell se pronuncie. Como a un clavo ardiendo, desde el Ayuntamiento de Alicante se acogen a la afirmación que esta semana, tras publicar este diario la ruptura del contrato entre la mercantil y Ortiz y sus socios, realizó Ikea acerca de que mantiene su interés en Alicante. Pero el tripartito no debe confiarse. Y es que la sociedad sueca matiza que «la clave» pasa por conocer qué va a pasar con el ATE. Ya en octubre, directivos de la multinacional urgieron públicamente al Consell a tomar una decisión para, a partir de ahí, decidir que hacer con la inversión, que cifraron en 250 millones de euros.
El Consell, no obstante, sigue sin zanjar el asunto dos años después de que decidiera con el anterior gobierno del PP iniciar la tramitación del proyecto como una Actuación Territorial Estratégica y un año después de que el Ayuntamiento de Alicante le pidiera que lo archivara. Se cumple, además, un mes desde que el promotor de la actuación (Alicante Avanza) renunciara al proyecto al plan al admitir que es inviable.
Mientras, el tripartito gana tiempo para preparar su estrategia de negociación con la multinacional a través de una comisión en la que, además del equipo de gobierno, estarán el PP y Ciudadanos. La oposición reprocha al equipo de gobierno que no haya iniciado ya las negociaciones con la mercantil y le acusa de improvisar y haber perdido el tiempo, a sabiendas desde hace mucho que el ATE no iba a prosperar.
El Ayuntamiento no puede permitirse dejar escapar la inversión para la ciudad y tiene en sus manos aprovechar la que puede ser la última oportunidad para evitar la marcha de Ikea. Conjugar el interés por la inversión con la negativa social a un macrocentro comercial al que hasta hora la multinacional no se ha mostrado dispuesta a renunciar debe ser clave en esa negociación. En ella tendrán que ofrecer alternativas rápidas y viables a la mercantil, que ya definió como un «infierno» su periplo para implantarse en la ciudad.
Así lo trasladaron directivos de la multinacional al tripartito en la reunión que mantuvieron en julio de hace un año y en la que el tripartito se ofreció a tramitar con agilidad el proyecto fuera de Rabasa confiando en que la mercantil rebajase la superficie comercial, a lo que los comerciantes respondieron recordando al equipo de gobierno su compromiso electoral: «Ikea sí, macrocentro no». Fue la primera y la última reunión con la multinacional, puesto que en septiembre los responsables de la mercantil sueca se levantaron antes de que comenzar un segundo encuentro con el tripartito y técnicos municipales al ver entrar a los fotógrafos de los medios de comunicación.
Diez meses después, el tripartito asegura no haber reanudado los contactos y prefiere esperar a que el Consell tome una decisión sobre el ATE para hacerlo, esgrimiendo que la multinacional no puede negociar alternativas hasta no desvincularse plenamente del proyecto. La pregunta en el aire es si será, o no, demasiado tarde.
Y es que la multinacional arrastra ya 15 años con intenciones de implantarse. Aunque los pequeños propietarios de suelo en Rabasa documentan la intención de Ikea de comprar sus terrenos en 2001 para instalar una tienda, no fue hasta un año después cuando la mercantil confirmó que incluía Alicante en su plan de expansión. Realizó sondeos en el PAU1 y, finalmente, se decantó por Rabasa donde disponía de más superficie para instalar su tienda y un macrocentro comercial anexo. En total, 300.000 metros cuadrados, de los que 125.000 serían edificables (42.000 metros para la tienda y 83.000 para el macrocentro). Con esos parámetros su llegada comenzó a tramitarse bajo el paraguas del Plan Rabasa, promovido por Enrique Ortiz.
La anulación judicial del polémico plan urbanístico en el año 2013, llevó a Ortiz y a sus socios a tratar de sortear el escollo planteando el proyecto como una Actuación Territorial Estratégica. Una figura urbanística que permite actuar sobre terrenos no urbanizables y que tramita directamente el Consell, sustrayendo las competencias en materia urbanística al Ayuntamiento. Además de la tienda de Ikea y su macrocentro, el ATE contempla otras zonas comerciales complementarias, un área tecnológica y un parque público en las Lagunas de Rabasa.
En junio de 2014, el Consell del PP decidió comenzar a tramitar el proyecto bajo esa figura urbanística. Un año más tarde, en la corta etapa del alcalde popular Miguel Valor, el Ayuntamiento dio un giro en su postura sobre el proyecto presentando alegaciones al mismo y dando la mano al comercio en contra del macrocentro comercial que se planteaba.
Los informes negativos de las administraciones por la falta de accesos de tráfico, la oposición de los comerciantes y diferentes colectivos al macrocentro comercial y el cambio de signo político en el Consell y en el Ayuntamiento hace un año una de las primeras cosas que hizo el equipo de gobierno local fue pedir el archivo del ATE dieron la puntilla al proyecto. Sin embargo, aún hoy sigue sin resolverse definitivamente por parte de la administración autonómica.
Desde el Consell esgrimen que sus servicios jurídicos siguen analizando el desistimiento del proyecto por parte de Ortiz y sus socios para evitar demandas, sobre todo después de que el promotor haya pedido al Ayuntamiento y a la Generalitat una indemnización de 20 millones de euros por los errores en la tramitación que dieron al traste con el Plan Rabasa. El PP advierte de que la decisión del Consell puede prorrogarse varios meses y reclaman iniciar ya los contactos con Ikea para evitar que se vaya.
El papel del Ayuntamiento y su estrategia para negociar puede ser clave para evitar que la multinacional se marche cuando el Consell resuelva el ATE. Para no caer en los mismos errores, en esa estrategia no puede se puede obviar la posición de colectivos sociales y económicos favorable a una tienda de Ikea pero contraria a un macrocentro comercial al uso y tampoco las garantías en los accesos de tráfico.
