Las tensiones de tesorería continúan atragantando a las entidades locales de la provincia. Pese a que los peores años de la crisis han pasado ya a la historia, un elevado número de municipios alicantinos se están topando a día de hoy con serias dificultades para hacer frente a sus obligaciones. El Ministerio de Hacienda así lo constata. Las últimas estadísticas que acaba de publicar el departamento de Cristóbal Montoro sacan a la luz que 15 ayuntamientos y una mancomunidad se exponen a sanciones económicas sanciones económicasde Madrid por pagar a los proveedores más allá de los 60 días que marca la ley.
El procedimiento es sencillo. Desde que una factura entra en el Ayuntamiento, la corporación dispone de 30 días para aprobar el pago. Y a partir de ese tiempo que el Gobierno da de margen, se pone en marcha el contador. A priori, los ayuntamientos no deben sobrepasar los 60 días para hacer frente a sus obligaciones con los proveedoresobligaciones con los proveedores. Sobre todo, porque si quisiera, el Ejecutivo central podría «castigarles» económicamente. ¿Cómo? Detrayéndole la parte proporcional que adeudan de sus entregas a cuenta. El Plan de Erradicación de la Morosidad faculta al Gobierno a retener una parte de los fondos que periódicamente envía a los municipios y pagar él directamente a las empresas.
Fuentes municipales consultadas por INFORMACIÓN, sin embargo, corroboran que Hacienda no ha implementado esa medida punitiva. Es decir, no está reduciendo sus transferencias a las entidades locales incumplidoras. «No lo ha hecho y estamos convencidos de que no lo hará», señala un primer teniente de alcalde de la provincia.
Entre el listado de ayuntamientos «morosos» que ha difundido el Ministerio figuran, casi en totalidad, pequeñas poblaciones. No obstante, también hay localidades grandes. Concretamente una: Orihuela. El Ayuntamiento que dirige Emilio Bascuñana (PP) duplica el plazo que otorga el Gobierno para hacer frente a sus facturas con los proveedores. Tarda ni más ni menos que 130 días. Es decir, más de cuatro meses. Además, al cierre del pasado mes de marzo todavía tenía pendientes de pago 7,1 millones de euros.
Otra localidad que supera, y con creces, el tope legal permitido es Callosa de Segura. La localidad de la Vega Baja, comandada por Fran Maciá (PSOE), satisface sus obligaciones con los proveedores a los 195 días. En este caso, triplica los días máximos autorizados por Hacienda.
El resto de poblaciones alicantinas que incumplen la ley y se exponen a posibles sanciones son Aigües (110,54), Albatera (123,13), Benijófar (190,92), Bigastro (196,29), Daya Vieja (239,68), Monóvar (205,98), Planes (94,33), Tollos (81,42), Tormos (63,92) y El Verger (191,05). Y la Mancomunidad de l'Alcoià i el Comtat también rebasa el plazo legal, con 73,31 de media.
La palma, con todo, se la lleva Novelda. Con 272,18 días, es el Ayuntamiento alicantino que más tarda en abonar sus facturas a los proveedores. Cuadruplica el margen que otorga Hacienda.
