Prudencia calculada e indignación máxima en el seno del tripartito ante la reclamación de Enrique Ortiz de 20,5 millones de euros al Ayuntamiento de Alicante y al Consell en concepto de indemnización ante la anulación del Plan Rabasa por parte del Tribunal Supremo, hace ahora un año. El empresario alicantino esgrime en su demanda que los motivos en los que se sustentó la anulación judicial del polémico plan parcial no son imputables a la actuación de su red de sociedades sino a la deficiente tramitación del mismo por parte de las administraciones que lo aprobaron, circunstancia que le ha llevado a solicitar esta cantidad tanto al Ayuntamiento como a la Generalitat en concepto de daños y perjuicios. La actuación de Ortiz se produjo con apenas 24 horas de separación de su sorprendente renuncia a la Actuación Territorial Estratégica (ATE) para la instalación de la multinacional sueca Ikea en Rabasa.
Ayer fue tiempo para las respuestas desde el equipo de gobierno que lidera el socialista Gabriel Echávarri, quien en su condición de alcalde no quiso opinar acerca del último movimiento de Ortiz. «Cualquier ciudadano tiene el derecho legal de reclamar ante la administración. No hemos visto el escrito y no lo voy a valorar hasta que lo estudiemos», apuntó ayer Echávarri pese a que la idea inicial del Ayuntamiento es no hacer frente a la indemnización solicitada en ninguno de los casos. Así, el horizonte dibuja un nuevo conflicto judicial de largo recorrido entre el consistorio municipal y su máximo contratista que también salpicaría a la Generalitat.
La prudencia mostrada por Echávarri, compartida también por el portavoz del tripartito Natxo Bellido (Compromís), contrastó con la repulsa más absoluta mostrada por Miguel Ángel Pavón (Guanyar) desde primera hora de la mañana a la solicitud de indemnización presentada por el empresario. De este modo, y vía Twitter, resumía su enojo e irritación con un sentimiento de «vergüenza» que ampliaría al acabar la mascletà. «La polla insaciable, así se autodenominó Ortiz, el confeso financiador ilegal del PP, pretende que le indemnicemos entre Ayuntamiento y Consell con 20 millones por no haber podido dar su pelotazo en Rabassa. VERGONYA». Ese fue el madrugador tweet de Pavón y, aunque estaba todo dicho, el vicealcalde aprovechó la mascletà, donde coincidió con sus socios en el tripartito, para seguir denunciando la actuación de Ortiz una vez acabado el disparo.
«Nos parece que el señor Ortiz tiene mucha cara y muy poco vergüenza después de todo lo que ha pasado con el Plan Rabasa. No creemos que tenga derecho a ningún tipo de indemnización», aseguró ayer Pavón, eterna sombra de Enrique Ortiz en este asunto desde que el Ayuntamiento lo aprobara en 2005 con los votos favorables del PP y el PSOE. Pavón recordó que Esquerra Unida fue el único grupo que se opuso en su día a un plan parcial que preveía la construcción de 13.000 viviendas en la zona «y desde entonces no nos hemos movido ni un milímetro de nuestros planteamientos».
La ATE de Ikea, el Plan Rabasa bis
«Parece que esto tiene que ver con el desistimiento de la ATE de Ikea. Ahora pide una indemnización por el plan Rabasa y bueno, de algún modo se confirma que la ATE de Alicante Avanza era el Plan Rabasa bis, era el plan B del señor Ortiz. No le ha salido, y ahora pretende sacar beneficio económico de una actuación urbanística que era un pelotazo urbanístico en toda regla», argumentó al respecto Pavón.
Para el vicealcalde «no es de recibo que pida lo que está pidiendo» y, en su opinión, «lo que debería hacer es pasar página e irse a su casa en lo que respecta a este tema». «Es un despropósito, pero en cualquier caso el escrito se tiene que estudiar por parte de los servicios jurídicos municipales», añadió el líder de Guanyar Alacant antes de recordar que «esto lo tumbó el TSJ y luego se hizo firme en el Tribunal Supremo». «Él se presenta como alguien que presentó un proyecto y finalmente hubo unos errores en la tramitación por parte de la administración... Yo pienso que es posible que haya algo más que solamente eso», ironizó para concluir.
Por su parte, y en la línea mostrada por Echávarri, Natxo Bellido hizo un llamamiento «a la prudencia total» porque «como ha comentado el alcalde cualquier ciudadano tiene derecho a defenderse de la manera que considere». «Hemos leído lo que se ha publicado, pero vamos a esperar a analizar el escrito y su argumentación para valorarlo», apuntó el portavoz del equipo de Gobierno. Bellido justificó la actuación del empresario en «la estrategia que tendrán los abogados de su empresa». «Siempre esperas que Ortiz haga algo», añadió el también portavoz municipal de Compromís, «aunque dudo mucho que una denuncia así se pueda aceptar». «Vamos a ver en qué argumenta la petición de los 20,5 millones y si la denuncia es subsidiaria contra el Ayuntamiento», apostilló Bellido.
