Un día después de renunciar a la Actuación Territorial Estratégica (ATE) para la instalación de Ikea en Rabasa, el empresario Enrique Ortiz ha movido ficha para reclamar 20,5 millones de euros al Ayuntamiento y al Consell por los daños y perjuicios que, considera, le produjo la anulación judicial del Plan Rabasa, que se hizo definitiva hace un año. Las dos administraciones (en la etapa del PP) aprobaron el polémico plan urbanístico en el que se preveían 13.000 viviendas y la empresa urbanizadora, así como las sociedades propietarias de suelo, entienden que el Tribunal Supremo lo anuló por causas que no son imputables a ellos, sino a las deficiencias en la tramitación.
El Ayuntamiento adjudicó el Plan Rabasa a Ortiz en 2005 (con los votos a favor del PP y del PSOE) y el Consell lo aprobó en 2009. En mayo de 2013 varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia (referentes a recursos de particulares, del PSOE, EU y de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas) anularon el polémico plan urbanístico. El Supremo confirmó la anulación en junio del año pasado con una sentencia en la que aceptaba parte del recurso de Ortiz, pero tumbaba el plan por irregularidades en la tramitación. Entre ellas, las deficiencias en la publicidad del procedimiento, la falta de una evaluación ambiental estratégica o la ausencia de garantías sobre recursos hídricos. En ese punto, el Supremo destacaba que el plan fue aprobado sin disponer de un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
«Solidariamente»
Las sociedades con intereses en el Plan Rabasa entienden que las causas de anulación judicial no les son imputables a ellos, sino a las deficiencias en la tramitación por parte de las administraciones que lo aprobaron. Con base en ello, ayer mismo registraron escritos tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat reclamando una indemnización a ambas, de manera solidaria, al entender que «la tramitación fue compartida», como confirman fuentes de Visomed.
Se trata de la empresa de Ortiz a la que se adjudicó la urbanización del plan. En sus escritos, la urbanizadora reclama 11,3 millones de euros a las administraciones local y autonómica, que justifica en los gastos realizados en proyectos y el beneficio que se preveía con el PAI. Por otro, varias sociedades propietarias de terrenos vinculadas a Ortiz reclaman otros 9,2 millones de euros a las administraciones apelando a los cambios en las condiciones del suelo, que volvió a ser no urbanizable con la anulación judicial del plan urbanístico, tal y como indicaron las mismas fuentes empresariales.
La reclamación se produce un año después de la sentencia del Supremo, un mes después de que el juez archivara la causa penal que se abrió en paralelo a la administrativa en la que estaban investigados Ortiz y la exalcaldesa Sonia Castedo, entre otros y apenas 24 horas más tarde de la renuncia presentada por el promotor a la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que comenzó a tramitar en 2013 . Una figura urbanística con la que trataba de sortear las trabas judiciales y poder implantar en Rabasa una tienda de Ikea y un macrocentro comercial, renunciando a las 13.000 viviendas del plan urbanístico inicial. Desde Alicante Avanza confirman que, de haberse aprobado definitivamente el ATE, hubieran renunciado a reclamar responsabilidad patrimonial por la anulación del Plan Rabasa dado que, apuntan, esa era una de las condiciones del Consell. Sin embargo, esgrimen que el ATE no se ha aprobado definitivamente y que este domingo expira el plazo de un año del que disponían para interponer la reclamación de indemnización ante las administraciones. Ahora, tanto Ayuntamiento como Consell deben decidir si aceptan la reclamación o la rechazan. En este último caso, las sociedades lo exigirían en el juzgado, como indican las mismas fuentes.
«Prudencia»
Por otro lado, el Consell sigue sin tomar una decisión sobre si acepta o no la renuncia al ATE presentada por Alicante Avanza, participada por Ortiz. Desde la administración autonómica se limitan a asegurar que sus servicios jurídicos estudian «con detenimiento la petición», algo que confirmó el jefe del Consell, Ximo Puig, quien agregó que es una situación «compleja» además de «contaminada desde el minuto cero» y no quieren «tener ningún problema judicial futuro». Desde el Ayuntamiento, el alcalde, Gabriel Echávarri, pide «prudencia» hasta que el Consell se pronuncie sobre si acepta o no el desistimiento. De hecho, en un comunicado, el tripartito aseguró que no levantaría el teléfono para negociar con Ikea hasta conocer los términos de la resolución del Consell.
Ikea, por su parte, sigue sin aclarar si mantiene su apuesta por Alicante, aunque sea fuera de Rabasa y sin macrocentro comercial como le propondrá el tripartito.
