Un incremento insuficiente. La Generalitat Valenciana ha decidido aumentar en poco más de 500.000 euros la subvención que transfiere a los ayuntamientos de la provincia anualmente por su colaboración en la Ley de Dependencia. El problema viene en que este año, tal y como adelantó INFORMACIÓN, el Consell ha decidido endosar a los municipios alicantinos la valoración de la dependencia. Hasta ahora era una empresa externa a la administración la que se encargaba de realizar esas funciones. Pero la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, comandada por Mónica Oltra, ha encargado esas evaluaciones a los trabajadores sociales de cada consistorio. De esta forma, el Ejecutivo ha municipalizado el servicio y ha excluido a los cinco profesionales sanitarios que venían desempeñando esas funciones a través de una encomienda de gestión.
La controversia estriba en que la decisión de derivar la evaluación de la dependencia en los municipios conlleva una «sobrecarga en la gestión» y ya «no habrá equilibrio en las valoraciones», según denuncia el coordinador de Políticas Sociales del PP en las Cortes, José Juan Zaplana.
Según los datos recabados por el grupo parlamentario popular, los consistorios de la provincia sí contarán este año con una mayor inyección de fondos del Consell para atender la dependencia, pero el incremento es «irrisorio». Varias son las muestras. Por ejemplo, en la capital. Si Alicante recibió 248.028 euros del Consell en 2015, este año únicamente ingresará 297.645 de las arcas autonómicas pese a que sus trabajadores sociales tendrán que completar todo el proceso de evaluación de dependientes. Con ese repunte, la ciudad sí podría contratar, siempre que el Ministerio de Hacienda no ponga reparos, a algún profesional de refuerzo ante la avalancha de trabajo que se le avecina. Pero es la excepción. En la inmensa mayoría de las entidades locales alicantinas los fondos «extra» que abonará la Generalitat este año serán del todo insuficientes para incorporar de manera temporal a algún especialista. Los casos son múltiples. Por ejemplo, en la Marina Baixa.
El Ejecutivo autonómico transfirió en 2015 un total de 25.206 euros a la mancomunidad de la comarca por su colaboración en el desarrollo de la Ley en ocho municipios (Beniardà, Benifato, Benimantell, Bolulla, Callosa d'en Sarrià, Castell de Guadalest, Confrides, Polop y Tárbena). Para este año, por su lado, la cuantía será de 29.890 euros. Es decir, 4.684 euros mayor, según la información recogida por el PP. «Dicen que se ha incrementado la subvención para la dependencia y es verdad, pero la cantidad es irrisoria para la delegación de competencias que se ha realizado. No está claro si los ayuntamientos podrán ampliar la plantilla para estos casos, y en muchos casos el problema no es sólo el personal, que evidentemente es el principal, sino que también conlleva gastos de desplazamiento, kilometrajes, dietas...», agrega Zaplana. En el caso de la Marina Baixa resulta evidente que con un incremento de 4.684 euros, difícilmente se podrá reforzar la plantilla. Y, además, las localidades se encuentran dispersas.
Pese a que los trabajadores de servicios sociales de los consistorios son «grandes especialistas en el entorno socio-familiar», su preparación para valorar otras situaciones médicas, físicas o psicológicas no es tan alta como la de los profesionales que antes evaluaban la dependencia, según el dirigente del PP. «El equipo que valoraba antes estaba compuesto por personal sanitario, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales... Además, todos ellos, independientemente de su formación anterior, tenían como requisito indispensable el tener en su poder un título universitario de Máster en Valorador de la Dependencia de más de 300 horas», apostilla Zaplana.
