Un ayuntamiento entregado a los intereses particulares del empresario Enrique Ortiz. Éste ha sido uno de los argumentos del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, para pedir a la Audiencia que reabra la investigación del caso Rabasa, archivada por el titular del juzgado. La Fiscalía sostiene que Ortiz se «prevalió» de su amistad con la entonces alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, para obtener un trato de favor del Ayuntamiento de Alicante en la tramitación del Plan Rabasa instando a los técnicos a adoptar las resoluciones que más se ajustaran a sus intereses, según el recurso del Ministerio Público al que ha tenido acceso este diario.
Las tres acusaciones en el caso Rabasa (fiscal, Esquerra Unida y PSOE) ya han recurrido la decisión del magistrado César Martínez de archivar la investigación y ahora será la Audiencia de Alicante la que tenga que decidir si obliga al magistrado a reabrir el caso. Entre los investigados en la causa están, el empresario Enrique Ortiz, la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo y los técnicos municipales Enrique Sanus, José Luis Ortuño y María Isabel Campos. Se les imputaban delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, pero el magistrado cerró el caso a los pocos meses de incorporarse al juzgado y sin practicar ninguna diligencia al no ver indicios de delito.
El fiscal considera que el juez en el auto por el que archiva el caso «no analiza la compleja investigación que se sigue en esta causa y que ha supuesto varios años», y en cambio se limita «a recoger los requisitos legales de los planes urbanísticos y de los tipos penales para, con poco más, decidir que los hechos no revisten carácter delictivo». Asimismo, el Ministerio Público sostiene que el magistrado se ha «extralimitado» al dictar una resolución equivalente a una sentencia absolutoria que a él no le correspondía adoptar e insiste que la instrucción judicial de la causa todavía no estaba acabada y quedaban pruebas pendientes de practicar.
El fiscal insiste en que en el auto judicial por el que se archivó el caso, el magistrado dedicaba varios folios para explicar la labor de Ortiz como agente urbanizador y que su labor como tal era impulsar la tramitación del plan Rabasa y omite cualquier análisis de la relación entre Ortiz y Castedo. «Las actuaciones de Sonia Castedo no merecen en el auto ni un solo renglón», recalca. Briones argumenta que ambos son los principales responsables de los hechos investigados y que ambos mantenían «una amistad íntima que procuraban ocultar al exterior y que se proyectaba a favorecer los intereses de Enrique Ortiz como empresario». El fiscal mantiene que la «amistad íntima» entre ambos «prohibía» que la exalcaldesa y exconcejala de Urbanismo interviniera en los expedientes que afectasen al promotor.
La relación con Castedo confirió a Ortiz «una situación de privilegio que le permitió instar continuamente de los técnicos la urgente tramitación de su asunto y sin que aquéllos le plantearan reparos», solicitudes que respondían al interés particular del empresario y no al interés general. En este sentido recuerda que todos los técnicos que habían sido reticentes resultaron inmediatamente sustituídos por otros que se acomodaran a los intereses de Ortiz.
El Ministerio Público plantea que los pactos del promotor con los responsables de la multinacional Ikea le supusieron unos ingresos de 95 millones de euros, pero le sometieron a unas «duras condiciones» para la consecución de los objetivos y con unos estrictos plazos temporales que penalizaban los retrasos en el proyecto con hasta 15.000 euros diarios. Ortiz era quien marcaba a su conveniencia los tiempos de las decisiones oficiales del Ayuntamiento y «contando de antemano con la aprobación de cuanto propusiera», asegura el fiscal. El fiscal incide en que Ortiz aceptó las «leoninas» condiciones de Ikea porque sabía que el Ayuntamiento le aprobaría todo lo que planteara. Sin ese respaldo, los acuerdos no hubieran podido tener viabilidad alguna, asevera.
