El juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha archivado la causa abierta contra la jefa de servicio de la Concejalía de Acción Social y un asesor del área, que fue destituido de sus funciones tras la salida de la edil Nerea BelmonteNerea Belmonte. Un funcionario adscrito a la concejalía había denunciado a la técnico Juana Sánchez Ríos y al personal de confianza Juan Carlos Torres por un presunto delito «contra la libertad sindical».
El auto, firmado por el magistrado Manrique Tejada, acuerda el sobreseimiento provisional de la causa por no «hallarse debidamente justificada la perpetración del delito» que se enjuiciaba. La resolución judicial puede ser impugnada, mediante interposición ante ese órgano judicial de un recurso de reforma o de apelación. El texto sostiene que «no existen indicios de la suficiente entidad» como para entender que los hechos «puedan llegar a resultar legalmente constitutivos de un delito de acoso laboral». El juez considera que examinadas las diligencias probatorias y la grabación aportada por el denunciante -realizada con el desconocimiento de los hoy absueltos- «no se aprecia» la existencia de una actuación de «engaño o abuso de situación de necesidad y, menos aún, concurre el empleo de fuerza, violencia o intimidación».
La denuncia fue presentada en febrero ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante. En ella, el funcionario exponía las supuestas presiones a las que fue sometido por su superiorasupuestas presiones y por una persona de confianza contratada por Guanyar desde la toma de posesión de la entonces edil del área, Nerea Belmonte, hasta su expulsión del grupo. En el texto, el denunciante detallaba que en enero mantuvo una reunión con la jefa de servicio de Acción Social, en la que se le instó a completar su liberación parcial como miembro del Sindicato de Empleados Públicos (SEP). El denunciante, sin embargo, dejó constancia de que su intención pasaba por mantener su situación laboral. Tras esa reunión, según la denuncia, la jefa de servicio se presentó en Recursos Humanos, «exigiendo» al edil «a gritos» que destituyeran del cargo al denunciante. Diez días después, los dos denunciados -siempre según recogió la denuncia y que no ha quedado probado- obligaron al funcionario a decidir entre su puesto de trabajo o su carrera sindical.
Desde el sindicato SEP, tras la presentación de la denuncia, pusieron sobre la mesa lo que consideraban una «caza de brujas» en algunas áreas del Ayuntamiento de Alicante con la llegada del tripartito. El juez, sin embargo, ha archivado la denuncia contra una técnico y un asesor -hoy ya destituido- por falta de pruebas que confirmen el presunto delito que se recogía en la denuncia inicial.
