La deuda de las entidades locales alicantinas continúa descendiendo a pasos agigantados. El Ministerio de Hacienda acaba de constatar que al cierre del pasado año la carga financiera de los 141 ayuntamientos de la provincia y de la Diputación era «sólo» de 828,5 millones de euros. Se trata de la cifra más baja desde que comenzó la crisis y es inferior en casi 127 millones a la que se contabilizó en 2014. Pero, ¿por qué? La causa principal de la reducción tiene nombre y apellido: Cristóbal Montoro. Cuando el PP accedió al Gobierno central en 2011 se topó con un déficit galopante en las diferentes administraciones públicas y España se quedó a un paso de ser rescatada por Bruselas. Los populares impulsaron entonces una reforma normativa para atar en corto posibles desmanes en los consistorios. Aprobaron la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y obligaron a los ayuntamientos a destinar sus remanentes a amortizar deuda. Y los consistorios, obviamente, cumplieron.
Las cifras así lo evidencian. De acuerdo con las estadísticas históricas recogidas por el Ministerio de Hacienda, el endeudamiento de los ayuntamientos alicantinosendeudamiento ayuntamientos alicantinos -sin contar la Diputación- alcanzó los 1.211 millones de euros en 2012. Todo un récord. Desde entonces, esa cifra ha ido menguando de manera progresiva y se sitúa ya en niveles de 2008. Es decir, cuando comenzaron a sentirse las primeras turbulencias económicas.
Con todo, la cifra podría ser todavía más baja. Poco antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2015, los alcaldes comenzaron a presionar al Gobierno para que les permitiera destinar parte de sus ahorros a inversiones. Madrid accedió... pero a medias. A los municipios que cumplían la ley sí les dio vía libre para impulsar actuaciones, pero siempre que fueran financieramente sostenibles. O, lo que es lo mismo, que no conllevaran a posteriori más gastos para las entidades locales.
Contador a cero
Las estadísticas que acaba de hacer públicas el Ministerio revelan además que hasta 48 ayuntamientos de la provincia no adeudan ya ni un solo céntimo a las entidades financieras. La mayoría son pequeñas localidades, aunque también figura una población de más de 20.000 vecinos censados, El Campello. Es la única por encima de ese número de residentes que puede presumir de no tener ataduras con bancos y cajas. Y la situación no es nueva, puesto que al cierre de 2014 tampoco tenía deudas.
En el polo opuesto se sitúan Alicante y Elche. La capital es el municipio de la provincia con más carga financiera (118,8 millones), mientras que la ciudad ilicitana es la segunda en el ranking (117,2). Ambas, no obstante, han conseguido rebajar de manera considerable su endeudamiento en el último año. Especialmente Alicante, que amortizó 28,5 millones.
Pero, ¿cómo han llegado a alcanzar tales cifras las entidades locales? La respuesta hay que buscarla antes de la crisis. Cuando nadie barruntaba las dificultades económicas que se avecinaban, los distintos equipos de gobierno municipales no dudaron en acometer todo tipo de inversiones. El boom inmobiliario les permitió multiplicar sus ingresos gracias al Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO), las tasas urbanísticas y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), y los ayuntamientos destinaron parte de esos fondos a distintos proyectos. Se construyeron campos de fútbol, piscinas, parques... Pero de repente llegó la crisis. Y con ella, el crack del ladrillo. Muchos concejales de Hacienda se toparon entonces con un serio problema. No podían hacer frente a los gastos y se vieron obligados a tocar a la puerta de las entidades financieras para obtener liquidez. De ahí que en 2012 se alcanzara una deuda histórica de 1.211 millones.
Pero no se quedaron ahí. Animadas también por las directrices del Gobierno, muchas corporaciones aprobaron en sus respectivas sesiones plenarias un incremento de tributos. Sobre todo del IBI, el que más fondos reporta a los consistorios todos los años. Según los datos de la Dirección General del Catastro, 70 de las 141 poblaciones alicantinas optaron por esa fórmula hasta 2014. Desde entonces, con la situación económica del país ya en mejoría, también fueron muchas las que decidieron rebajar el tipo impositivo.
