A lo largo del auto en el que el magistrado César Martínez archiva la investigación judicial del llamado caso Rabasa, se insiste en varias ocasiones en que la instrucción se ha prolongado durante ocho años. Sin embargo, de todo este tiempo, cinco años se han dedicado a tener que decidir si se tenía que investigar a o no la tramitación urbanística del Plan Rabasa. Con este último archivo, son ya tres las ocasiones en las que se ha cerrado la investigación. La Audiencia obligó una vez a reabrir las diligencias y las acusaciones ya están trabajando en sus recursos para pedir otra vez que continúen las diligencias. El caso ha sufrido numerosos avatares y en el último año por el juzgado que instruye las vigilancias han pasado hasta tres instructores.
El primer amago de investigación del Plan Rabasa tuvo lugar el 4 de abril de 2008 en el marco de la macrocausa de corrupción conocida como el caso Brugal donde inicialmente se indagaban presuntos sobornos en la contrata de la basura en el Ayuntamiento de Orihuela. La causa todavía se encontraba secreta y a través de las escuchas telefónicas, la Policía fue abriendo distintas líneas de pesquisas sobre presuntas tramas de corrupción en administraciones públicas. Todas estaban centralizadas en el juzgado de Orihuela que instruía la causa, pero una de ellas se desgajó entonces y se envió al juzgado de Instrucción número seis de Alicante al tratarse de escuchas que se referían a presuntas irregularidades en la tramitación del macroplán urbanístico de esta ciudad.
Amparándose en dicha resolución, la Fiscalía Anticorrupción solicitó ante el juez de Alicante, entonces el magistrado Juan Carlos Cerón, autorización para intervenir el teléfono del promotor Enrique Ortiz para indagar sobre el Plan Rabasa. El motivo era una conversación entre Ortiz y otro de los empresarios investigados en Brugal, Rafael Gregory) en la que hablaban de contactar con el entonces diputado provincial Carlos Mazón para que éste intercediera a favor del proyecto en la Comisión Territorial de Urbanismo.
El 17 de abril de 2008, el juez Cerón vio insuficientes los indicios aportados para justificar la intervención telefónica y denegó la medida. El 6 de mayo, después de que la Fiscalía no recurriera su decisión, Cerón archivó las diligencias. Sin embargo, en Orihuela ya tenían intervenido el teléfono del empresario y la Policía fue descubriendo nuevos datos e indicios sobre las supuestas irregularidades en la tramitación del macroplán. Todas las escuchas recopiladas durante dos años más quedaron en un limbo, sin que ni siquiera el caso Rabasa fuera una de la veintena de piezas en las que se desgajó Brugal en el verano de 2010 y que se repartieron entre distintos juzgados de la provincia. De hecho, el juez Manrique Tejada, que asumió la investigación del PGOUl de Alicante, dejó expresamente fuera de la causa todo lo referido a la tramitación de Rabasa.
En octubre de 2012, Esquerra Unida se personó ante el juzgado de Instrucción 6 de Alicante con todas aquellas escuchas sobre el plan urbanístico que habían quedado en tierra de nadie para exigir que se reabriera la causa alegando que había nuevos hechos que apuntaban a delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. Cerón rechazó la petición de EU alegando que él no era el juez competente para seguir la investigación y los hechos que ahora se presentaban no tenían nada que ver con lo que llegó a su juzgado en su día. El magistrado planteaba que en todo caso la investigación tenía que ser asumida en la causa del PGOU. Al recurrir ante la Audiencia, se sumó la Fiscalía y finalmente el tribunal en mayo de 2013 obligó a reabrir la causa. Los magistrados fallaban que de los hechos denunciados se desprendían indicios de delito y que el juzgado competente para investigarlos era el que recibió la primera denuncia. Pocos días después, el macroplán sufrió un duro revés al ser anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
La investigación no arrancó hasta finales de 2014, al haber estado el juzgado esperando que desde el juzgado de Orihuela les remitieran todo lo que tuvieran sobre el Plan Rabasa. Sonia Castedo dimitió de la Alcaldía de Alicante tras su imputación en esta causa y a lo largo de los primeros meses de 2015 los investigados empezaron a declarar. Además de Castedo, el empresario Enrique Ortiz, el entonces gerente de Urbanismo, Enrique Sanus y los técnicos María Isabel Campos y José Luis Ortuño, resultaron imputados (ahora llamados investigados tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Las citaciones se interrumpieron tras el ascenso de Juan Carlos Cerón, que abandonaba el juzgado para irse a la Audiencia. Inicialmente le sustituyó el juez Daniel Barrientos que estuvo unos pocos meses en ese destino. Después del verano, el tercer magistrado, César Martínez, sucedió a Barrientos. La causa parecía estar sin avanzar y sin que se acordaran las pruebas que pedían las citaciones. Anteayer, el magistrado dictaba un auto archivando el caso al considerar que de los hechos denunciados no había indicios de delito y que las acusaciones no estaban probadas.
