Ocho años después de que un juez de Orihuela enviara a Alicante la pieza desgajada del caso Brugal relativa a la tramitación del macroplán urbanístico Rabasa, cuando ya han transcurrido casi cuatro desde que Esquerra Unida levantara con una denuncia el archivo de las actuaciones que al poco de llegarle el asunto acordó el magistrado Juan Carlos Cerón y tres después de que la Audiencia, tras un nuevo sobreseimiento, obligara a investigar el asunto, el magistrado César Martínez, último instructor de la causa, se ha empleado en el proceso únicamente para darle un nuevo carpetazo.
Tras meses de paralización en esta última fase de la instrucción, la que ha ido desde la marcha de Cerón a la Audiencia al auto notificado ayer, el juez Martínez sólo ha hablado a través de dos escritos: una providencia fechada el pasado dos de mayo en la que daba cuenta de una decena de peticiones pendientes de resolver (entre solicitudes de sobreseimiento, nuevas declaraciones y otra imputación, además de la declaración de causa compleja preceptiva para evitar la prescripción en virtud de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal), y el auto de punto y final que sólo la Audiencia, a la que recurrirán las acusaciones populares que se ejercen en nombre de EU y el PSOE y, casi con toda seguridad, el fiscal anticorrupción Felipe Briones, podrá revertir en punto y seguido.
Sin negar las lagunas que han salpicado esta instrucción (algunas de ellas del calado de continuar con los pinchazos en Orihuela cuando la instructora en aquellos momentos había resuelto enviar el asunto a Alicante, donde se cerró con una resolución que no fue recurrida), con el cierre acordado ahora por César Martínez sin haber practicado una sola diligencia se ha perdido una oportunidad de oro para despejar las sombras que pueblan la gestión del urbanismo en esta ciudad, especialmente durante la última etapa de mandatos mayoritarios del PP con Luis Díaz Alperi primero y Sonia Castedo después al frente de la Alcaldía.
Enfatiza el magistrado en su auto el legítimo derecho del empresario Enrique Ortiz a agilizar la tramitación de un plan en el que era mucho lo que había invertido y más lo que se jugaba. Nada que objetar a tan lógica pretensión de no haber sido por las horas y horas de conversaciones entre el promotor y los políticos que por sí solas, sin «interpretaciones de la Policía», cito textualmente al juez, siembran de sospechas unas actuaciones que tendrían que haber estado presididas por la transparencia.
Afirma el juez Martínez que «es indiferente que sea más o menos apropiada la forma en la que se relacionan los empresarios y sus empleados en la persecución del éxito en sus negocios, y los políticos y funcionarios en el progreso de la causa pública cuando ninguno rebase la línea marcada por los comportamientos constitutivos de infracción penal», pero se olvida de que era precisamente determinar si se había traspasado esa línea roja lo que se buscaba con una instrucción que se ha cerrrado en falso. Un proceso en el que también habría salido ganando la maltrecha credibilidad de políticos y funcionarios tras la avalancha de episodios de corrupción de no habérsele usurpado a un tribunal la oportunidad de pronunciarse acerca de si realmente era «el progreso de la causa pública» lo que les movía.
Pero el juez, en vez de dar cobertura a las peticiones planteadas ya no por las partes, sino por el Ministerio Público, ha optado por utilizar el auto para tacharlas de «innecesarias» (como es el caso de la declaración de la cúpula de Ikea solicitada por el fiscal y apoyada por EU) adelantándose incluso a las últimas intenciones de quienes las proponían, como cuando aventura que estas citaciones, por seguir con el mismo ejemplo, serían inútiles «como testificales y lo serían más si se tratara de transformar luego en imputaciones, que es lo que sucedió respecto al sr. Ortuño».
Tampoco parece recordar el magistrado cuando, en respuesta a la solicitud de causa compleja, alude a los ocho años que han transcurrido desde que se inició la causa que, al menos durante el último, las demoras han venido provocadas por los cambios al frente del juzgado y la propia diligencia o no de los magistrados. A Daniel Barrientos, el penúltimo, por ejemplo, sólo se le recuerda por pedir explicaciones a la Policía de unas reuniones con Ortiz que había solicitado el empresario.
Por supuesto que, como bien dice el juez, «aunque algunas de las conductas enjuiciadas sean impropias de figurar en las prácticas institucionales del Estado de Derecho, no puede forzarse el principio de legalidad para sancionarla como delito». Pero en aclarar eso es en lo que estaba la investigación que acaba de sobreseer.
