Las reacciones al anuncio de García-Margallo no se hicieron esperar. El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, aplaudió la decisión de la Abogacía del Estado e instó a Ximo Puig a retirar el decreto «de manera inminente». «Es tiempo de diálogo y coordinación, no de imposición», señaló el también alcalde de Calp en una conversación con este diario. Sánchez recordó a la Generalitat que «no puede eliminar la marca Costa Blanca tras 60 años de historia», le acusó de «no haber hablado con los que la construyeron» y subrayó que el sector empresarial está exigiendo «responsabilidad» a la clase política para que se une en pro del «interés general».
El presidente de la Diputación también corroboró que esta misma semana mantendrá un encuentro en Alicante con el ministro en funciones de Asuntos Exteriores y candidato -con total probabilidad- del PP por la provincia el próximo 26-J, José Manuel García-Margallo, y su homólogo de Castellón, Javier Moliner. En esa reunión se analizará el recurso contencioso-administrativo que ha presentado el Gobierno central en el TSJ y se abordará la posibilidad de presentar otro de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional (TC). «Desde la Diputación entendemos que el decreto es anticonstitucional y atenta contra la autonomía local y contra una provincia que quiere participar en la vertebración de la Comunidad», agregó Sánchez.
Horas después de que el ministro anunciara las acciones legales, la Generalitat le quiso dar réplica. Fue en boca del director del gabinete del presidente, Arcadi España. «Forma parte de una estrategia de boicot del Gobierno hacia la Comunidad. Ésta comenzó cuando el Ejecutivo central intentó impedir que la universalización volviera a la sanidad valenciana y se ha prolongado en el tiempo con el freno a la solidaridad con los refugiados y con el boicot a la reforma de la financiación autonómica», dijo, a la vez que acusó a García-Margallo de «entrar en campaña».
