La APA del colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante ha manifestado su más enérgico rechazo a la supresión de dos clases en el último curso de Infantil. Para la APA, la medida anunciada por la Conselleria de Educación es un ataque directo a 60 familias del centro en particular y a la enseñanza concertada en general, por lo que apoyará al colegio en las acciones que sean necesarias para revertir «esta situación injusta y discriminatoria hacia las familias que quieren una educación en valores».
Este diario adelantó ayer que a una semana de que comience el periodo de matriculación escolar, la Conselleria de Educación ha paralizado los conciertos y ha anunciado que los padres tendrán que decidir sobre el pago de hasta 300 euros al mes por seguir en el centro donde escolarizaron a su hijo o bien matricularlo en otro centro. La medida afecta a 60 niños de cuatro años que pasan el curso próximo a aulas de cinco años en el colegio Jesuitas de Alicante, a otros 42 bebés de dos años que pasan a una aula de infantil de 3 años en el colegio El Valle de la Playa de San Juan y a 24 estudiantes de sexto de Primaria que irían a primero de ESO del centro Salesianos-Juan XXIII de Alcoy. La medida ha generado multitud de críticas entre los colegios. También el PP se hizo eco ayer de la noticia y quiso denunciar que el objetivo es «fulminar la concertada». En estos términos se refirió el delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, quien abogó por no «imponer ningún modelo educativo», sino por «garantizar la libertad de elección de los padres para elegir el colegio de nuestros hijos». Moragues trasladó su apoyo a los docentes y destacó la importancia de «atender sus inquietudes y necesidades y avanzar hacia un modelo basado en la calidad, en la libertad y en la investigación, escuchando al sector y no imponiendo». A juicio del delegado, «la administración no está para imponer ningún modelo educativo sino que debemos garantizar la libertad de elección de los padres para elegir el colegio de nuestros hijos».
Críticas
Por su parte, el vicesecretario general de Educación del PP de Alicante, Juan de Dios Navarro, acusó ayer al conseller Vicent Marzà de actuar con «sectarismo» al paralizar conciertos educativos y poner en marcha una estrategia «dirigida a fulminar» la educación concertada. Navarro manifestó que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, tienen que «corregir» al conseller porque «ha enfrentado» a la comunidad educativa y ha generado «un profundo problema donde no lo había», indicó.
Navarro calificó la paralización de los conciertos por parte de la Conselleria de «inadmisible, impresentable e injustificable» y sostuvo que Marzà «está empeñado en cargarse lo que va bien y crear un conflicto donde no lo había». En su opinión «el Partido Popular ya advirtió antes de las elecciones autonómicas de la deriva radical y sectaria a la que nos veríamos abocados y de los problemas que iban a surgir en la educación si la extrema izquierda gobernaba la Generalitat». Navarro recordó que en el curso 2014-15, el último en que el Partido Popular estuvo al frente de la Generalitat, «el 30 % del alumnado de la provincia de Alicante estaba matriculado en centros concertados, y en la ciudad de Alicante esta cifra se elevaba hasta el 40 %». Tal y como añadió el vicesecretario de Educación del PP «Marzà no parece haberse enterado de que las niñas y niños y no él son el centro del sistema educativo. Un conseller de Educación debe gobernar para todos y no desde la radicalidad y el sectarismo».
