Enrique Ortiz da un paso atrás. Alicante Avanza, el grupo inmobiliario creado ex profeso para desarrollar el proyecto de implantación de Ikea en terrenos de Rabasa, ha resuelto renunciar al macrocentro comercial que acompaña el proyecto de la multinacional sueca para reducirlo únicamente a la popular tienda de muebles.
La oposición frontal de las administraciones de Alicante y de la Generalitat, los informes desfavorables de la Conselleria de Medio Ambiente a la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Rabasa y el rechazo del comercio local a un centro comercial de enormes dimensiones que acabaría perjudicando gravemente a la actividad económica de la capital, han convencido a los promotores de que tal como está planteada la iniciativa no va a desarrollarse nunca, o, al menos, durante lo que queda de la actual administración.
La renuncia del grupo de empresas que promueve Ikea no significa, en principio, que haya que presentar un nuevo ATE, sino que se deberán efectuar modificaciones al proyecto que ahora tienen las administraciones local y autonómica. La Conselleria de Medio Ambiente considera desfavorables hasta cuatro informes relativos al ATE, que aunque no ha sido tumbado de forma definitiva, requiere de cambios irrenunciables para la Generalitat sin los cuales el proyecto jamás saldrá adelante. En suma, Ikea, sí; macrocentro comercial, no. Los 47.000 metros cuadrados de la tienda de muebles, sí; los 83.000 del centro comercial anexo, no.
El ATE de Ikea está promovido por la inmobiliaria Alicante Avanza, creada exclusivamente para el desarrollo del proyecto. A partir de ahora, la empresa iniciará de nuevo la ronda de conversaciones con los representantes del comercio de Alicante para tratar de consensuar una iniciativa que no cuente con el rechazo del sector y a la que la Generalitat, pero sobre todo el equipo de Gobierno de Alicante (de quien depende el primer paso administrativo), no puedan presentar objeciones de calado. La primera de estas reuniones está prevista esta misma semana.
El comercio y el tripartito constituyen escollos de partida que imposibilitan cualquier acuerdo ligado al proyecto actual. El equipo que preside el socialista Gabriel Echávarri y al que acompañan Compromís y Guanyar han marcado distancias con Enrique Ortiz desde la toma de posesión del Ejecutivo. Para el tripartito, Enrique Ortiz es el empresario de la corrupción, el que decidía el ordenamiento urbanístico de Alicante con los anteriores alcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, que abandonaron sus cargos por su implicación en causas judiciales ligadas al constructor.
Prueba del rechazo que Ortiz suscita en el tripartito es la reacción de Echávarri a la confesión del empresario ante la Audiencia de que, efectivamente, financió campañas electorales del PP. El ataque de Echávarri se dirigió al constructor, no a la corrupción de su principal oponente político.
El clima de corrupción que rodea al presidente del Grupo Cívica y principal accionista del Hércules también le obliga a echarse a un lado en el proyecto de Ikea. La promotora Espacio del empresario Villar Mir, que cuenta con el 20% de Alicante Avanza, tomará a partir de ahora las riendas del grupo en la persona del director general de Espacio, José Antonio Fernández Gallar.
