El Consell, todas las fuerzas de la izquierda y Ciudadanos se cebaron ayer con el PP tras la confesión tardía del empresario Enrique Ortiz sobre sus pagos «en negro» a la «red Gürtel». La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, emplazó al ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, a «que exija a los corruptos de su partido que devuelvan el dinero robado y desviado para la financiación ilegal» de los populares en la Comunidad Valenciana.
Un día después del «tirón de orejas» de Montoro al Consell por la desviación del déficit autonómico y de la exigencia de más recortes a la Comunidad, Oltra aprovechó el «mea culpa» de Ortiz ante la Audiencia Nacional para replicarle al ministro que «si los investigados y encarcelados por delitos de corrupción devolvieran el dinero público mejorarían un poco las cifras de déficit» en esta Comunidad.
«¿Por qué Montoro estaba callado cuando aquí se desviaba dinero público para financiar al PP?», se preguntó Oltra, al tiempo que criticaba el «desparpajo» del ministro cuando critica al Consell por el incumplimiento del objetivo del déficit, mientras que guarda silencio «con los culpables» por corrupción y «los amiguitos del PP como Ortiz».
A su vez, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, destacó en la Ser que la confesión de Ortiz es «la constatación de la ignominia continuada», así como de la «corrupción sistémica» del PP regional. Puig añadió que los diversos casos de corrupción que afectan a los populares en la Comunidad Valenciana también demuestran «la falta de asunción de responsabilidades políticas» del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y del conjunto del partido. «Hay responsabilidad directa de Rajoy», afirmó Puig, que insistió en que en los populares han ganado en esta Comunidad las elecciones «dopados durante mucho tiempo».
El presidente del gobierno en funciones también estuvo en el centro de la diana de Podemos, que «tiró por elevación» y cuestionó la idoneidad de Rajoy y el PP para continuar en La Moncloa tras confirmarse la financiación ilegal en la Comunidad. La portavoz adjunta de la formación morada en el Congreso Irene Montero afirmó que el hecho de que un empresario reconozca «prácticas de financiación ilegal por parte de un partido político, el PP, que sigue gobernando en funciones» es un auténtico «escándalo» que hace más urgente conformar un nuevo Gobierno.
Además de un «disgusto para el país», Montero cree que se demuestra que la corrupción «no es un problema de manzanas podridas», sino que se ha convertido en «una forma de Gobierno» y ha provocado que haya más desigualdad. «Toda nuestra condena ante este hecho, que hace más urgente que haya un Gobierno que revierta esa forma de gobernar plagada de corrupción», concluyó. A su vez, Podemos en las Cortes reiteró que el expresidente de la Generalitat y consejero del Consell Jurídic Consultiu (CJC), Francisco Camps, «debería abandonar su puesto» después de la confesión del empresario alicantino.
El síndic de Ciudadanos en el parlamento autonómico, Alexis Marí, fue el primero en salir a la palestra para exigir al PP que dé explicaciones a los valencianos sobre «la trama corrupta que le sirvió para ganar elecciones»: «El Partido Popular ha de asumir responsabilidades políticas por haber funcionado como una red mafiosa y corrupta, que empieza a desenmarañarse ahora con las confesiones de los responsables».
