El informe del interventor clave para la decisión política sobre el rescate de las contratas caducadas en manos de Enrique Ortiz pone en evidencia que la municipalización de servicios contraviene las restricciones del plan de ajuste, que impide aumentar el gasto corriente y en personal hasta el año que viene. El informe, no obstante, elude pronunciarse directamente sobre la figura de la transmisión de empresas que plantea Guanyar.

El informe, que tanto PSOE , como Guanyar y Compromís consideraron determinante para la toma de una decisión, fue firmado por el alto técnico ayer mismo. El interventor acota su informe a la petición del líder de Guanyar de «determinar las restricciones que el plan de ajuste pudiera aplicar a la utilización de la figura de la transmisión de empresas para municipalizar servicios». Sobre la sucesión de empresas figura que permitiría que el Ayuntamiento asumiera el personal de las contratas con las mismas condiciones laborales que ahora tienen, el interventor concluye que valorar su «efecto» es una cuestión «eminentemente jurídica, no exenta de controversia en su interpretación» y que «excede los límites de la función interventora». Por ello, limita su pronunciamiento a valorar «las restricciones del plan de ajuste» en la municipalización de servicios.

El alto técnico alude a dos puntos del plan de ajuste, indicando que establece que los gastos corrientes y de personal no pueden aumentar hasta 2017 y que esta restricción no puede «eludirse» con la creación de organismos o sociedades dependientes. No obstante, el interventor indica que el plan de ajuste no contempla una medida expresa sobre las figuras de municipalización o sucesión de empresas más allá del límite de incremento del gasto. Con base en ello concluye: «El plan de ajuste afectará a la hipotética municipalización de un servicio» en tanto «suponga un incremento de los gastos de funcionamiento por encima de los límites establecidos, que no puedan ser compensados por ahorros en otros servicios».