La crisis económica que azota España desde el último trimestre de 2007 ha golpeado a miles de familias, ha forzado a cientos y cientos de empresas a bajar la persiana y ha obligado a las administraciones públicas a meter la tijera para evitar cerrar el ejercicio presupuestario con déficit. Multitud de indicadores constatan la crudeza de las turbulencias económicas: las listas de desempleo, el incremento de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), la congelación de procesos selectivos en las entidades locales, autonómicas y central... La Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana acaba de ofrecer ahora otro dato demoledor. De acuerdo con sus informes anuales, la licitación pública en Alicante, Valencia y Castellón se ha hundido más de un 91% en los últimos ocho años. O, lo que es lo mismo, desde el inicio de la crisis.
En 2007, cuando los expertos detectaron las primeras dificultades económicas, el Gobierno central, la Generalitat, las tres diputaciones valencianas y los 542 ayuntamientos de la Comunidad sacaron a concurso proyectos por un montante global de 4.978,1 millones de euros. En 2015, el año de la recuperación para el Ejecutivo de Mariano Rajoy, ese guarismo cayó hasta los 432,7 millones. El descenso, por ende, ha sido del 91,3%.
Buena parte de ese tijeretazo responde a los recortes en inversiones desde Madrid. Pese a que el Ministerio de Fomento «vendió» grandes inversiones para la Comunidad durante la pasada legislatura, la realidad de los números es otra bien distinta. La llegada de la Alta Velocidad a Alicante o el Corredor Mediterráneo Alta Velocidad a AlicanteCorredor Mediterráneo no han contribuido a paliar la discriminación histórica que sufren las comarcas valencianas en materia de inversiones, y que incluso ha provocado que los grupos parlamentarios de las Cortes se pusieran de acuerdo para reformar el Estatuto y blindar así más fondos estatales para obras. Una modificación, por cierto, que el PP retrasó una vez tras otra en el Congreso y que ahora ha de retomarse de nuevo.
Evolución
Los datos hablan por sí solos. En 2007, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, el Gobierno licitó proyectos por 2.173,7 millones en la Comunidad. En 2015, con Rajoy como presidente, la cifra se desplomó hasta los 140,7 millones. La caída fue del 93,5%. En el informe estadístico que ha elaborado la Cámara de Contratistas se denuncia la «invisibilidad» que ha sufrido la Comunidad por parte del Ejecutivo central durante la última legislatura e incluso se señala que «causa sonrojo» el escaso ritmo inversor. «Nuestra participación en la licitación de la Administración Central en esta pasada legislatura sólo ha alcanzado el 4,39 % del total nacional», apostilla el documento.
Los contratistas valencianos ponen el foco en Fomento. Concretamente, en la ministra en funciones, Ana Pastor. «Ha licitado en la Comunidad el 4,61 % del total nacional, incluido el tan aireado AVE y el Corredor Mediterráneo, cuyo avance es irrisorio y caótico, con problemas técnicos y de congestión, y simultaneidad de tráficos».
Si las inversiones estatales se han resentido, las de la Generalitat han seguido el mismo camino. En 2007, cuando nadie podía atisbar las tensiones financieras que iban a azotar las arcas autonómicas un lustro después, el Ejecutivo de Francisco Camps sacó a licitación pública 1.886,7 millones de euros. El pasado año, por el contrario, el Consell de Alberto Fabra -hasta junio- y Ximo Puig -desde entonces- únicamente sacaron proyectos a concurso por 147,2 millones.
Y en las entidades locales la situación ha sido similar. Los 542 consistorios de la Comunidad y las tres diputaciones han pasado de licitar 917,7 millones al inicio de la crisis a sólo 126,9 el pasado ejercicio.
