El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, aseguró ayer que la última denuncia en los tribunales del grupo municipal popular contra la edil Marisol Moreno por decir que el PP celebraba sus juntas de gobierno en un club de alterne no tiene nada que ver con su petición a Guanyar, formación a la que pertenece la edil, para que la aparte de las competencias de Juventud antes de que se las retire él.
Según Echávarri, en política «el inmovilismo no es una opción», por lo que exigió a Guanyar, su socio de gobierno en el tripartito, «medidas más contundentes», antes de arremeter contra los populares y su portavoz, Luis Barcala. «El PP viene ahora intentando limpiar la imagen de la ciudad. El señor Barcala estuvo tres años y medio de rodillas y le salía sangre de las manos de aplaudir lo que hacía Sonia Castedo. Que ahora venga a intentar ser el adalid de la imagen de Alicante...No tiene nada que ver con esto», dijo. El PP presentó el miércoles una demanda de conciliación en un juzgado pidiendo 3.000 euros a Moreno y que se retracte si no quiere acabar de nuevo en los tribunales. La edil tiene una condena de la Audiencia Nacional de 6.000 euros por injurias al jefe del Estado.
Echávarri asegura que su postura tiene que ver con la consideración de su partido, el PSOE, de que debe haber medidas más contundentes contra la edil de Guanyar más allá de su petición de disculpas y de la renuncia a la portavocía adjunta, «que nunca llegó a ejercer, y que no tiene plus de salario». «Lo que dijo es muy grave, lo condené el primer día, y no puede ser sólo una condena verbal. Sobre todo cuando hablamos de la imagen de alicante y venimos de una oposición en la que decíamos que no podíamos llenar titulares o portadas si no por algo positivo. Aquí lo hemos pasado muy mal. Cuando se pierde la coherencia se pierde la credibilidad y si digo algo en la oposición, lo digo en el gobierno. Llevo dos semanas diciendo que tenemos que hacer algo y la comisión de seguimiento del pacto de gobierno que se celebra el lunes en un buen foro para tomar la decisión». El alcalde tuvo oportunidad en el pleno del 25 de febrero de apoyar una propuesta de Ciudadanos para retirar las competencias a ediles condenados por cualquier delito y no lo hizo, salvando a Moreno al votar en contra.
Echávarri dice ahora que sería «un gesto» que Guanyar retirara las competencias asumiendo la gravedad de los hechos, porque Moreno «acusó a los representantes de 36.000 alicantinos de ejercer, de favorecer o de ser clientes de la prostitución. Y ella es cargo público y representa también a muchos alicantinos». «Sería un gesto. Si no el martes como alcalde y responsable que tiene competencias delegadas, tomaré una decisión».
En este sentido, afirmó que esta concejalía seguiría en manos de Guanyar en cumplimiento del pacto de gobierno. Por su parte, Miguel Ángel Pavón, vicealcalde y portavoz de la formación, declaró no tener conocimiento formal de este ultimátum, pero añadió que de ser así tendría que valorarse «colectivamente y de forma interna» por la formación. Pavón cree que es una cuestión a dirimir en el ámbito político, y que la actuación de Moreno ha sido proporcionada al pedir disculpas en la misma comisión de Presidencia donde dijo lo del prostíbulo y abandonar la portavocía adjunta.
Seis informes
Sobre el rescate de las contratas, Echávarri afirmó que hay seis informes municipales que lo desaconsejan, entre ellos uno del interventor de octubre de 2015 que dice que no es posible por el plan de ajuste. Pavón insiste en que sí se producirá un ahorro.
